La historia se remonta al año 2002. Entonces se empieza a armar el estudio de detalle de esta minúscula calle de Ceuta. El 19 de noviembre de 2002, hace ahora 6 años, Fernando Céspedes da entrada en el Registro General de la Ciudad Autónoma el estudio de detalle de la calle y su entrada en la Calle Real. El 13 de febrero de 2003 se aprueba un decreto con el mismo estudio de detalle y se abre un plazo de información pública de un mes. Dos semanas más tarde, el decreto aparece publicado en el BOCCE, 28 de febrero. Se presentan alegaciones. Cuatro. La primera presentada por el particular Juan Quero González y once más y la cuarta presentada por otro particular, María Teresa Rodríguez son desestimadas. Se aprueban las solicitadas por Martía José García Rivero en nombre de Inmuebles y Solares de Ceuta SL y la presentada por Javier Gallego Hernández en nombre de la Empresa del Alumbrado Público de Ceuta Distribución SA.

El asunto va al Pleno ordinario de abril de 2004. Hoy ha recordado Alí que pidió al Gobierno que “dejara el asunto sobre la mesa” ante las muchas dudas que suscitaba. Su propuesta se rechazó. El Ejecutivo de Juan Vivas hizo caso omiso. Utilizó su mayoría abrumadora de 19 diputados para aprobar el estudio de detalle. La oposición en bloque votó a favor de la propuesta de Alí y se abstuvo en la del Gobierno.

Los afectados denunciaron el asunto en los Tribunales. Lo ganaron. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó sentencia firme en 2005. En su texto anulaba el estudio de detalle aprobado por el Ejecutivo. El lunes por la mañana Alí explicó que en aquella sentencia se anulaba el estudio por dos cuestiones, estaba realizado por un arquitecto externo a los servicios de Fomento que había sido contratado en 1999 para realizar el estudio, pero en dicho contrato no figuraba plazo temporal ni vigencia del contrato. Pero además, el Tribunal Superior Justicia de Andalucía determinó que para la actuación que proponía el estudio de detalle era necesaria en realidad una modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana.

Y aquí vienen los problemas. Dicha modificación no se ha producido a día de hoy. La Ciudad presentó un recurso de casación que no se admitió a trámite en 2007. Así las cosas parecía poco probable que alguien pudiera llevar a cabo obras en una de las parcelas libres en Martín Cebollino. Pero la historia es otra bien distinta. Gestión 17 cuenta con una licencia de obra, solicitada por José Montes y concedida y firmada por el propio consejero de Fomento, Juan Manuel Doncel. La fecha de la misma. 31 de julio de 2007. Doncel firma aconsejado por sus técnicos, con informes favorables y refrendado también por la secretaria.

Gestión 17 ha iniciado ya los trabajos de urbanización y desembarcado sus materiales en la parcela. Incluso vende y anuncia en su página web la promoción. Se trata del Edificio Milán. Alí hoy se ha preguntado cómo es posible que el Gobierno conceda una licencia de obra para una parcela si es preciso que exista una modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana.

La polémica salta a la luz pública porque en el Pleno de este Jueves el Gobierno anunció que llevaría una propuesta para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2005. Ha tardado 3 años. Entonces es cuando Unión Demócrata Ceutí ha comenzado a hacerse preguntas. Las respuestas hasta ahora a lo único que le han conducido es a la conclusión de acudir a los tribunales si se va ratificando que la licencia de obra se concede para una parcela afectada por aquel Estudio de Detalle. De momento, el consejero de Fomento, Juan Manuel Doncel, desde Madrid, manifiesta que prefiere esperar a su llegada a Ceuta el martes a última hora para desentrañar el asunto. Contra él van dirigidas todas las sospechas de Unión Demócrata Ceutí.

Ya el jueves pasado preguntado por Alí en la Comisión Informativa, Doncel aseguró desconocer si existía licencia de obra en la zona. Existe, la firmó él mismo el 31 de julio del pasado año. Pero por la respuesta se deduce que Doncel no se acordaba de haber firmado una licencia de obra para una promoción urbanística. La contestación de momento parece no haber convencido a Alí que asegura que “si se ha concedido una licencia de obra es ilegal”.

Alí no descarta acusar ante los Tribunales también a los técnicos implicados en los informes de la concesión de la licencia de obra. Incluso cabría la posibilidad de que si el Pleno ratifica la propuesta de Fomento para dar cumplimiento de la sentencia y si no se ajusta a la misma pudieran ser denunciados todos los diputados que voten a favor, como ya amenazara el PSPC en su día por el caso de la Manzana del Revellín.

La única posibilidad de que todo quedara en un malentendido es que el estudio de detalle anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no afectara a la parcela sobre la que ya trabaja Gestión 17.