Ha saltado la noticia del joven trabajador boliviano, Franns Rilles, al que su patrón abandonó, gravemente herido, a doscientos metros de un hospital. Había perdido un brazo en accidente laboral, y el empresario lo había tirado a la basura. En su despedida le advirtió que no debía contar a nadie lo sucedido. El hombre trabajaba en una panificadora de Real de Gandia (Valencia) desde hacía dos años, con jornadas de 12 horas diarias, sin contrato, y por un sueldo de 23 euros al día.

Casos como éste, aunque sin tanta espectacularidad y atractivo mediático, ocurren a diario en nuestro país, y en el mundo entero. Son fruto de la situación informal en la que se encuentran gran parte de los trabajadores, sobre todo emigrantes. En España, el número de inmigrantes irregulares sobrepasa el millón de personas. Y ello después de la masiva regularización del año 2005 (700.000 personas), año en el que la tasa de participación en la economía sumergida de este colectivo llegaba al 30% de su población ocupada. Todo un caldo de cultivo para la siniestralidad laboral.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2005 el número mundial de muertes relacionadas con la actividad laboral ascendió a más de 2,2 millones. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala el tipo de contratación y las condiciones laborales como los dos principales factores asociados con la siniestralidad laboral en el mundo. A parecidas conclusiones llegan el National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) en EEUU, y el Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS) de Canadá.

En Europa, según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, los trabajadores de 18 a 24 años de edad tienen al menos un 50% más de probabilidades de sufrir lesiones en el trabajo que los trabajadores con más experiencia, además, un tercio del total de víctimas anuales está relacionado con el manejo de sustancias peligrosas. En España, el Informe de Siniestralidad Laboral del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 2007 confirma el mantenimiento de las tendencias apuntadas anteriormente.

Estudios independientes realizados sobre la siniestralidad laboral en España en la última década, que se pueden consultar en la red, confirman que el empleo irregular, así como el temporal y el tamaño de las empresas, son también causas estructurales de mayor siniestralidad en nuestro país, además de la falta de formación y cultura preventiva de los trabajadores y los empresarios.

Sin embargo, los contratos de trabajo temporales y la pequeña dimensión de las empresas son habitualmente considerados dos factores positivos desde la perspectiva de la competitividad y flexibilidad del mercado laboral. De la misma forma, muchos empresarios se escudan en la falta de flexibilidad laboral, para justificar las contrataciones irregulares que practican y las condiciones laborales de extrema dureza a las que someten a estos trabajadores, que no se atreven a denunciarlos, por miedo a perder su empleo, y hasta su posibilidad de residir en nuestro país.

Pero lo más grave es que la sociedad ve estas prácticas como normales. En Ceuta estamos acostumbrados a tratar con empresarios locales, y hasta con familias de buen nombre y prestigio, que dan empleo a personas del vecino país, sin control ni regularización de ningún tipo. Cuando los despiden les advierten de que si denuncian, no podrán volver a cruzar la frontera para trabajar. Muchos de ellos se callan por temor a las represalias.

Y también convivimos con tristes sucesos como el que comentamos al principio. El pasado año dos trabajadores irregulares de Marruecos perdieron la vida en sendos accidentes laborales. Que se sepa, los casos han tenido poca repercusión judicial. También han fallecido dos trabajadoras en una avalancha. Se dedicaban a pasar mercancía por la frontera. Nadie se hace responsable del caos y la desorganización existente en la zona. Todos miran para otro lado. Nadie quiere que se les complique la vida a los políticos con personaciones judiciales inconvenientes. Pondrán todas las dificultades procesales posibles para que la voz discordante de algún sindicato no se haga hueco en los procedimientos. Igual que la demostrada incompetencia de los máximos responsables del área de menores de la Ciudad. Lo mejor es que continúe bajo secreto sumarial.

Días atrás, un algo cargo de la Administración, con el que me reunía por asuntos que no vienen al caso, me alertaba de que él percibía una creciente pérdida de valores entre los funcionarios adscritos a su área. Consideraba que se había olvidado el concepto de servicio público, y que la apatía y la cultura del mínimo esfuerzo se había apoderado de amplios sectores de la sociedad. Efectivamente llevaba razón. Y lo que empezó con evidencias científicas sobre el agotamiento del planeta, parece que también está llegando al cuerpo social, hasta el punto de que cada vez nos importa menos lo que ocurre a nuestro alrededor. La deshumanización y la quiebra social se están apoderando, fatalmente, de todos nosotros. A pesar de los esfuerzos de Vivas y Chacón en hacernos creer que vivimos en el mejor de los mundos.