La denuncia, que se presentará mañana en los juzgados ceutíes, va dirigida tanto contra la citada pareja, formada por Carlos Martín López e Inmaculada Román Sánchez, que se autoidentifican en el montaje como los autores de la captación de imágenes, como contra cualquier persona que estuviese implicada tanto en el montaje aparecido en la red, así como en su difusión y distribución.

El artículo 197 del Código Penal en su apartado 1 establece lo siguiente: “El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses”.

Este mismo artículo en su tercer apartado señala que “se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los números anteriores” (en referencia al antes mencionado primer apartado y al segundo, dedicado este último a quien “se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar”).

Hasta las últimas consecuencias

El Ejecutivo ha anunciado  asimismo a través de su Gabinete de Prensa que "seguirá ejerciendo hasta las últimas consecuencias cuantas acciones legales considere oportunas ante este ataque intolerable, o cualquier otro, con el que no se pretende otra cosa que minar el buen nombre del presidente de la Ciudad y de su Gobierno". El Ejecutivo reitera que en este caso no ha vulnerado ningún procedimiento legalmente establecido ni ha infringido principio moral o ético alguno. Del mismo modo, el Gobierno manifiesta que seguirá "estando al lado de los ciudadanos, escuchando sus preocupaciones y sus problemas. Este asunto no va a suponer una renuncia a esta obligación moral que en ningún caso tiene por qué entrar en colisión con la legalidad. La mejora de la calidad de vida de los ceutíes y el desarrollo de Ceuta seguirá siendo el objetivo que guíe la acción de este Gobierno".