No habrá comisión de investigación sobre el área de Gobernación, tal y como solicitaron la pasada semana Caballas, a través de UDCE, y el PSOE. La oposición se queda sin poder preguntar para saber más del asunto y se tendrá que conformar con lo que arroje la auditoría encargada a los técnicos de la propia administración por parte del Gobierno de Vivas.

“En estos momentos se está realizando una auditoría que, al fin y al cabo, va a llevar a las mismas conclusiones y mismas determinaciones que pueda llegar cualquier otro tipo de órgano, llámese comisión informativa o comisión del tipo que sea. Nosotros hemos decidido que sea una auditoría para que intervengan tantos técnicos como sean necesarios en la materia. Lo que importa es que los técnicos tengan la total libertad para hacer esta auditoría y que al final podamos ver de una manera muy clara cuáles son las conclusiones de ese expediente. Nada llevaría a un sitio distinto que una auditoría. Esta es la vía que nosotros hemos considerado oportuna”, ha razonado la portavoz, Yolanda Bel, para dejar clara la postura en contra de la Comisión de Investigación que ha adoptado el Gobierno.

Son por tanto los técnicos quienes tienen la responsabilidad de esclarecer lo sucedido. La auditoría abarca diversos aspectos y es “multidisciplinar” y “técnico-jurídica”, según ha explicado Yolanda Bel. En ella intervienen técnicos de Fomento, de Hacienda y los servicios jurídicos del Ayuntamiento.

Y aunque no hay un plazo de tiempo determinado, la cuestión urge. Los técnicos trabajan de forma “diligente”, según la portavoz, y los resultados estarán listos en el menor tiempo posible. Una vez que haya conclusiones se pondrán a disposición de la ciudadanía a través de los medios de comunicación, de los sindicatos y de los grupos políticos de la oposición, ha aclarado Yolanda Bel.

Esas investigaciones técnico-jurídicas se están centrando sólo en unos cuántos contratos encargados por la Consejería de Gobernación al constructor citado por los sindicatos en su escrito, constructor que ha sido citado por el Gobierno.

“La auditoría se refiere a un expediente muy concreto y a la información que preocupaba a los sindicatos. Es ahí donde tenemos centrada la atención”, ha explicado Bel.

La auditoría interna no va a profundizar mucho más y, por ejemplo, dejará sin investigar la acusación lanzada por Caballas la pasada semana de una supuesta contratación irregular en Amgevicesa a un ex trabajador de una empresa de Rodríguez, contrato que de ser cierta la acusación habría servido para que el ya ex consejero se ahorrara el finiquito de ese empleado.

Si bien la propia portavoz no descartó que se profundice en la investigación y acabe revisándose mucho más. “A otro tipo de asuntos no tenemos tampoco inconveniente en atender. La auditoría no anula otros temas que al margen de ella se puedan tratar”, ha afirmado Bel.

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