La auditoría de Gobernación no muestra actuación ilegal, tan sólo "irregularidades administrativas"


La auditoría de Gobernación no muestra actuación ilegal, tan sólo "irregularidades administrativas"

-Trabajos de mantenimiento en Policía y Bomberos se pagaron como contratos de suministros, aunque según el Gobierno no se ha cometido ilegalidad alguna, ya que las obras están realizadas y al precio habitual de mercado

-Bel afirma que el Gobierno no tiene por qué cuestionar al ex consejero sobre su gestión y que quien tenga dudas que acuda a los Tribunales

Nada. Sin novedad. Todo normal. Circulen, circulen. Como un policía dispersando a los curiosos en la escena del crimen, eso es lo que parecía la portavoz del Gobierno, Yolanda Bel, en la rueda de prensa para presentar el resultado de la auditoria sobre la labor de José Antonio Rodríguez al frente de Gobernación. Una rueda de prensa que ha tenido que adelantarse después de que la UDCE hiciese público el contenido de los informes.

¿El resultado? Todo limpio. Ninguna ilegalidad. Bueno, quizás algunas irregularidades administrativas, pero que en ningún caso han dado lugar a "enriquecimiento injusto" o han supuesto una merma en las arcas municipales. Créanlo, es palabra de técnico.

El informe recabado por el Gobierno local muestra dos grupos de obras distintos, uno primero por valor de 150.984 euros, referente a obras en las dependencias de la Consejería, y que según los técnicos se ajusta a los procedimientos habituales de contratación sin ningún tipo de pega. El segundo grupo, contratos de suministros por 88.839 euros, sí presentaría las referidas irregularidades. De hecho, el Gobierno reconoce que estos contratos, 32 en concreto y todos menos uno por valores inferiores a los 3.000 euros, es decir sin necesidad de licitación pública y adjudicados a dos empresas ceutíes, en realidad serían un pago fraccionado no por dichos suministros, que no existen, sino por obras de mantenimiento en los cuarteles de Policía y Bombero. ¿Ilegal? No, irregular. Como mucho se puede aducir que existe un "déficit por no la participación de un facultativo de obras", el resto, todo correcto. Porque como ha comprobado el Gobierno, de nuevo amparado en los celebérrimos informes técnicos, las obras se realizaron y su precio se ajusta a la realidad del mercado. El por qué de ese particular método de pago no atañe al Gobierno, según las explicaciones de Yolanda Bel. La única respuesta que da la Ciudad, a través del consejero de Fomento, Juan Manuel Doncel, es que buscaba "aliviar los procedimientos de contratación".

Sin responsabilidad

Entonces, se preguntarán si esas irregularidades conllevan algún tipo de responsabilidad política. Pues tampoco. Y es que en primer lugar la portavoz ha dejado claro que esta auditoría, aunque coincida en el tiempo con la destitución del consejero, no tiene nada que ver. La salida de José Antonio Rodríguez se debe exclusivamente según la versión oficial a la necesaria reorganización del área y a la búsqueda de un mayor impulso a los servicios. Todo lo demás, mera coincidencia.

El Gobierno local tampoco tiene ninguna intención de preguntar a su ex consejero el por qué de este particular método de pago, porque como ha indicado Yolanda Bel, no pueden "hacer preguntas a alguien no tiene relación con el Gobierno" ya que entonces tendría "que preguntarle a todos los ceutíes" cómo se comportan en su día a día. Cuestionado sobre si entonces el Ejecutivo no se responsabiliza de la labor de sus miembros, pese a ser un órgano colegiado, Bel ha querido dejar claro , y matizando que no se refería a este caso en concreto, que quien cometa un error o "meta la mano" debe irse inmediatamente y afrontar las consecuencias de forma individual ya que es "su responsabilidad" y no de sus compañeros de Gobierno. Por lo tanto, todo está claro según el Gabinete de Vivas, que ha recomendado a quien tenga dudas que acuda a los Tribunales.

A este respecto, y preguntada sobre las críticas sobre posible malversación pronunciadas por Caballas, Bel ha acusado a la coalición de "precipitarse" y querer hacer daño al Gobierno ante la cercanía de las elecciones, sin tener pruebas ni conocimiento exacto de lo que hablaban.

Por último, Doncel, también secretario general del PP en Ceuta, ha indicado que la labor del ya ex consejero pero todavía diputado no se ha tratado en el seno del partido, por lo que no puede pronunciarse sobre si se le pedirá la entrega de su acta en la Asamblea.

Informes de la Auditoría (pinche aquí)


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