La portavoz accidental del Gobierno de Ceuta, Mabel Deu, primero, y el propio presidente de la Ciudad, Juan Vivas, después, han restado importancia este viernes a la imputación por parte del Juzgado de Instrucción número 4 de los presuntos delitos de prevaricación por acción y omisión y de contaminación acústica al consejero de Fomento, Juan Manuel Doncel, quien esta mañana ha dado cuenta de su situación procesal al Ejecutivo autonómico en su reunión semanal ordinaria.

Deu se ha limitado a explicar, a preguntas de los periodistas, que la imputación del titular de Fomento se había tratado en el Consejo. "Doncel ha comentado que el fiscal hace una imputación por denuncias sobre la normativa en materia de ruido", ha reproducido la portavoz la explicación previa del consejero antes de manifestar su "confianza" en la acción de la justicia y de trasladar el "respaldo" y el "apoyo" que el conjunto del Ejecutivo muestra a su "compañero".

Media hora después, en el Conjunto Monumental de las Murallas Reales, adonde ha acudido para asisir a la lectura de la Declaración Internacional de los Derechos de la Infancia, el presidente Vivas ha ido un poquito más allá al esforzarse por "dejar claro" a la ciudadanía que el proceso judicial abierto "no es por corrupción, sino por la normativa de ruido".

El líder del Ejecutivo autonómico ha explicado que su precisión no pretende "introducir matices jurídicos o legales" sobre la causa, aunque sí distinguir cuáles son los delitos que se le imputan a Doncel. A renglón seguido ha manifestado también su "plena confianza" en la justicia .

Además, Vivas ha asegurado que Doncel puso al tanto de su situación en los Juzgados al PP ceutí "la semana pasada". El Código Ético del Partido Popular establece que existe "el compromiso de comunicar a la Dirección la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito" y de "poner a disposición del Partido el cargo público que desempeñe cuando el Comité Nacional de Derechos y Garantías considere que su permanencia en el mismo daña a la propia organización o a la institución pública". El también presidente del PP Regional entiende que Doncel "cumplió" con dicho requerimiento.

La prevaricación

La prevaricación, uno de los delitos que el Juzgado ceutí imputa a Doncel consiste, cuando es por acción, en "en dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo a sabiendas de su injusticia". Durante los últimos años la jurisprudencia ha venido admitiéndolo también por omisión en casos como en los que los funcionarios responsables en actuaciones medioambientales omiten el preceptivo informe de impacto medioambiental.

El artículo 404 del Código Penal dispone que la autoridad o funcionario público que a sabiendas dictare una resolución arbitraria en asunto administrativo será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.