La acusación del ‘caso Ruidos’ no descarta pedir también la imputación de Juan Vivas


La acusación del ‘caso Ruidos’ no descarta pedir también la imputación de Juan Vivas

-El Gobierno no ha ejecutado tres sentencias judiciales sobre la plaza Ricardo Muñoz

Desde que, el pasado 18 de noviembre, saltó a la luz pública la imputación del consejero de Fomento , Juan Manuel Doncel, por dos presuntos delitos de prevaricación por acción y omisión y de contaminación acústica, el presidente Vivas se ha pronunciado en dos ocasiones al respecto para decir cinco cosas: 1) que le respalda; 2) que el hecho de que esté imputado no supone que vaya a ser condenado; 3) que el proceso que le afecta no es por “corrupción” ; 4) que por lo que él sabe su Gobierno ha actuado “con sometimiento a la Ley”; y 5) que no deben hacerse “juicios paralelos” sobre la cuestión.

Lo que no ha aclarado hasta ahora el Ejecutivo es por qué Doncel siguió concediendo licencias para la instalación de terrazas en la plaza Alcalde Ricardo Muñoz pese a los informes policiales que le instaban a hacer exactamente lo contrario. Tampoco por qué ha perdido y “no ejecutado”, según fuentes próximas al caso, las dos sentencias de lo Contencioso-Administrativo que le obligan a retirarlas ni la que veta la ampliación de cervecería a pub de otro permiso en la zona.

La acusación del proceso judicial que mantiene imputados, además de a Doncel, a su antecesor en el cargo, José Antonio Rodríguez Ferrón, “no descarta”, según fuentes cercanas al caso consultadas por Ceutaldia.com, pedir al titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta que tome la misma decisión con el presidente Vivas, que conoce “al menos” desde hace dos años y medio que la Asesoría Jurídica de la Asamblea daba la razón en sus postulados fundamentales a los cerca de cincuenta vecinos de la plaza Ricardo Muñoz y aledaños que, según las actuaciones, han denunciado con nombre, apellidos y DNI desde 2001 los ruidos que padecen.

Hasta la fecha junto a Ferrón y Doncel están imputados (esto es, el juez entiende que hay indicios razonables de que hayan cometido el delito del que se les acusa o de que podrán defenderse mejor con tal calificación) una técnico de la Administración local y los propietarios de uno de los locales radicados en dicho espacio, concretamente el que a juicio de la acusación particular operó durante dos años como pub teniendo solamente licencia de cervecería y al que, a pesar de los dictámenes de la Policía Local, se le acordó ampliar el permiso en 2007. Idéntica calificación procesal se ha pedido para la consejera de Medio Ambiente, Yolanda Bel, en su caso además de por presuntos delitos ya mencionados por el de falsedad en documento público.

Entre los argumentos que baraja la acusación, según estas mismas fuentes, para solicitar la imputación de Vivas figura la negativa de la Ciudad Autónoma hasta el cierre de esta edición a ejecutar las sentencias contrarias a su proceder que ya ha recibido: dos la obligan a revocar “por falta de estudios medio ambientales y falta de alegaciones vecinales y comprobaciones posteriores” otras tantas licencias de terrazas con veladores (los autos se firmaron los pasados 30 de septiembre y 21 de octubre) y una más que considera nula la ampliación de licencia de cervecería a pub (rubricada el 21 de mayo).

Las primeras denuncias por los excesos en los niveles de ruido registrados en la plaza Ricardo Muñoz datan de 2001. Desde entonces hasta ahora se han recibido más de 150 y la Policía Local y peritos independientes han realizado cerca de una veintena de mediciones en la zona con el tráfico rodado cortado. En todas ellas se constató que la contaminación acústica en el área supera los límites, en algún caso hasta un 1.250% por encima.

Un experto independiente concluyó, tras realizar un análisis médico a una familia residente en la zona, que sus integrantes padecían “trastornos del sueño, síntomas ansiosos y depresivos, alteraciones de la tensión arterial, cambios del comportamiento, problemas cognitivos y de rendimiento diurno” que, a su juicio, “tienen una relación de causa-efecto con los ruidos existentes en su domicilio”. En un informe policial se concluyó que “sería conveniente la suspensión de las licencias de las autorizaciones para ocupar la vía pública con mesas y sillas […] en una zona residencial [desde] donde continuamente se reciben denuncias”.

Con todos estos documentos sobre la mesa la Consejería de Fomento acordó el año pasado, vía Decreto, conceder un plazo extraordinario al cuarto local radicado en el área para presentar el mismo proyecto de insonorización que le había requerido en 2001.

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