Dentro de la jurisprudencia penal existente en España sobre casos “parecidos” al que se instruye en Ceuta según fuentes especialistas en este tipo de procesos se encuentran dos sentencias “clave”: la que conllevó una condena del Supremo a 18 meses de cárcel y 8 de inhabilitación en 2006 para el ex alcalde de Villarreal, Manuel Vilanova; y la que reportó en 2007 al ex alcalde de Talavera La Real (Extremadura), José Luis Rey, un año de prisión y ocho de inhabilitación, como autor de prevaricación medioambiental por permitir ruidos. En el caso de Vilanova el Supremo entendió que el primer edil “por acción y por omisión o dejación de sus funciones” se situó de forma “deliberada” de parte “de una industria contaminante en contra de los intereses de los ciudadanos sabiendo a ciencia cierta que actuaba y vulneraba la legalidad que regulaba la emisión de ruidos” y que pese a conocer los informes negativos sobre las emisiones ruidosas permaneció “impasible”. En el proceso extremeño la juez llegó a la “convicción” de que el alcalde sancionado “conocía la situación existente, gravemente perjudicial para unos ciudadanos, y la permitió durante siete años, pese a que tuvo elementos e informes técnicos suficientes para hacerla desaparecer”.
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