f

La última vez que el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, se refirió a la actuación del Tribunal de Cuentas (TCU) lo hizo para rebajar la trascendencia de que haya ordenado la apertura de diligencias preliminare s para investigar la existencia de supuestas irregularidades en la gestión al frente de la Consejería de Gobernación del que fue su titular hasta el pasado mes de octubre, José Antonio Rodríguez Gómez. El órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, dependiente de las Cortes, es lento pero implacable. Sus deliberaciones sobre qué sucedió con el fraccionamiento de contratos, según lo ha descrito el propio Ejecutivo, del ex consejero, si es que prosiguen, tardarán años en conocerse.

Pero todo llega. El Tribunal de Cuentas acaba de propinar una sonora bofetada a la gestión del PP al frente del Administración ceutí en forma de los cerca de 500 folios que componen su ‘Informe de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de sus Organismos Autónomos y de las sociedades por ella participadas, ejercicios 2002 a 2004’ y su ‘Informe anual de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicio 2005’, cuya redacción definitiva acaba de ser aprobada, aunque todavía no ha concluido su tramitación parlamentaria ni ha sido publicada en el BOE.

El Ejecutivo que preside Juan Vivas ha citado este martes a UDCE y PSOE, justo después del último Pleno del año, para analizar su contenido, que aunque se refiera a la foto fija de hace un lustro en la Administración local refleja las mismas taras que una semana tras otra pone en solfa la oposición. Para muestra, tres botones: el desbarajuste de las subvenciones, el descontrol de las sociedades municipales y el oscurantismo con el que se tramitan los concursos públicos. Literalmente, el TCU exige en el texto relativo al ejercicio 2005 que, a la vista de “las deficiencias y debilidades evidenciadas” en la gestión de las subvenciones, se ponga en marcha “una evaluación de los procedimientos aplicados y el oportuno desarrollo de controles financieros por la Intervención de la Ciudad en orden a la mejora del control interno en esa actividad”.

Con las sociedades municipales el Tribunal es contundente a pesar de que la consultora KPMG, oráculo del Gobierno ceutí, no opine lo mismo cinco años después: “La recurrente situación deficitaria de los resultados generados por la casi totalidad de las sociedades mercantiles de la Ciudad”, alerta el TCU, “aconseja una revisión y análisis sobre la oportunidad del mantenimiento de estas inversiones de acuerdo con criterios de eficiencia y economía en el empleo de los recursos públicos”. La dispersión del sector público a través de estas empresas también merece el reproche del Tribunal, que apunta que el Ejecutivo local “debería” dictar “las normas oportunas” para la elaboración de los estados “integrados y consolidados” de las cuentas de esas entidades “con objeto de reflejar una imagen conjunta de su sector público”, máxime cuando Procesa registra la mayoría de los fondos procedentes de la UE.

Otro tirón de orejas a la Ciudad en este dictamen habla de las tantas veces controvertidas adjudicaciones de concursos públicos: “Deberían establecerse los criterios de adjudicación con mayor claridad y precisión y especificarse también los métodos o formas de asignación de las puntuaciones de los correspondientes baremos”, reclama el Tribunal. ¿Para qué? Pues para que “todas” las empresas interesadas en cualquier licitación “puedan conocerlos” para preparar sus ofertas, en cuya valoración el TCU solicita a la Ciudad que valore las bajas económicas “aplicando los baremos establecidos para este criterio en toda su extensión, así como regularse la apreciación de temeridad en las bajas como una presunción a resueltas de las justificaciones que los licitadores puedan presentar y en función de las bajas medias”.

De hacerse así las cosas el Tribunal tal vez no se encontraría con “fraccionamientos irregulares de las obras de construcción de la Manzana del Revellín” como el que aprecia en la gestión del contrato de obras de la II Fase de la Manzana del Revellín, no faltarían facturas y documentos contables del contrato de consultoría para la revisión del PGOU o no existirían sorprendentes incrementos en la evolución de los pagos a la concesionaria del servicio de limpieza de los colegios públicos, por citar sólo tres ejemplos recogidos del documento del TCU.

"Agilizar" la RPT

Estas y otras supuestas irregularidades y recomendaciones incluidas en el texto de 2005 no estarían completas sin la falta de Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Ciudad Autónoma, un clásico en el debe del Ejecutivo de Vivas. El ‘Informe de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de sus Organismos Autónomos y de las sociedades por ella participadas, ejercicios 2002 a 2004’ considera “necesario” que el Gobierno local “agilice los trabajos para su elaboración con el contenido previsto en la legislación básica sobre la función pública”.

A primeros de este mes de diciembre Vivas dijo en una de las entrevistas que acostumbra a realizar semanalmente a través de Facebook con los internautas que "la RPT es un instrumento conveniente y necesario pero no absolutamente imprescindible para garantizar el funcionamiento ordenado de la Administración. Hemos considerado, al mismo tiempo, que los actuales momentos económicos y presupuestarios no son los más convenientes para abordar un proceso de esta naturaleza".

Lea, íntegros, los últimos informes del TCU sobre la Administración ceutí:

- Informe de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de sus Organismos Autónomos y de las sociedades por ella participadas, ejercicios 2002 a 2004

- Informe anual de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicio 2005