La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha dictado este martes un acta de liquidación provisional en virtud de cual considera acreditado que desde 2011 la sociedad municipal OBIMASA ha incurrido en un ilícito contable al abonar 300 euros al interventor de su Consejo de Administración asistiese o no a sus reuniones, irregularidad de la que hace "presunta responsable contable" a la gerente de la empresa, Carolina Hurtado de Mendoza, que ocupa este puesto desde 2002 y con él la competencia "propia" para autorizar pagos inferiores a 600 euros.

El proceso, iniciado tras una denuncia presentada por el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) de Ceuta en noviembre de 2009, concluye que el abono de dichas retribuciones, que se aprobó pagar el 18 de junio de 2009, "según la normativa vigente sólo procede cuando se acredita la efectiva asistencia del interventor a las sesiones del Consejo de Administración".

La Ciudad Autónoma ha venido pagando, sin embargo, a modo de 'tarifa plana' esa cantidad sin justificar su desembolso demostrando la presencia del beneficiario en las reuniones. Los gastos por asistencias no acreditadas ascienden a más de 2.000 euros en 2006 y 2010 y superan los mil en 2002, 2004, 2007 y 2008, tal y como reza en el auto, al que ha tenido acceso íntegro Ceutaldia.com.

"En los hechos denunciados por Juan Luis Aróstegui concurren, a juicio de esta Instrucción, los requisitos de un presunto ilícito contable, por cuando no ha quedado acreditado que determinados pagos realizados con cargo a los fondos de OBIMASA al interventor fueran como consecuencia de su aistencia a reuniones del Consejo", dictamina el Tribunal, que fija en cerca de 1.000 euros los intereses de demora con que debe ser resarcida la Administración local.

Tomás Álvarez de Lara fue el consejero de OBIMASA que propuso, en marzo de 2001, que los puestos de secretario e interventor de la empresa se retribuyesen con cincuenta mil pesetas de entonces cada uno, cantidad que no ha sido modificada hasta la fecha y que durante unos meses percibió el interventor de la Ciudad, José María Fernández Caminero, sin que el TCu haya apreciado irregularidades, y desde entonces Juan Antonio Hidalgo Reboredo.

Según fuentes del sindicato denunciante, el Consejo de Gobierno decidió paralizar este tipo de retribuciones, que se abonarían de forma "general" en los Consejos de Administración del resto de sus sociedades, en su reunión del pasado viernes, aunque el portavoz del Ejecutivo no mencionó tal acuerdo en su comparecencia posterior ante los medios.