El secretario general del PSOE de Ceuta, José Antonio Carracao, ha reducido a la categoría de "fuegos de artificio" la dación en pago, la entrega de la vivienda para saldar la hipoteca, limitada que el Gobierno de Rajoy ha anunciado que promoverá con los pagos para las familias con todos sus miembros en paro y que no cuenten con ingresos adicionales para afrontar el pago de sus hipotecas siempre que se trate de la primera vivienda.

"Que se dejen de jugar con los sentimientos de los ciudadanos que peor lo están pasando porque primero dijeron que sabían salir de la crisis y ya hemos visto que no y ahora prometen permitir la entrega de la vivienda para carcelar la hipoteca dejando la última palabra a criterio de los bancos, sin legislar pese a su mayoría absoluta", ha pedido el socialista ceutí a los Populares.

"Sólo buscan un efecto mediático en la opinión pública sin rigor alguno", ha criticado Carracao sobre el anuncio realizado esta semana por el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien ha explicado que los bancos que lo permitan podrán incluir como "gasto fiscalmente deducible" las pérdidas derivadas de las medidas contempladas en el 'Código de Buenas Prácticas' que el Ejecutivo promocionará entre las entidades y que permitirá que se aplique la normativa a estas familias.

De Guindos ha adelantado que el Ejecutivo propondrá que al menos durante dos años estas familias puedan habitar en la vivienda antes de su desalojo. En concreto, este periodo "prudencial" podría ser también prorrogable si las familias acuerdan con la entidad financiera una cuota de pago que sea considerado "justo". Para considerar a estas familias dentro de lo que ha definido como "umbral de exclusión", la dación en pago se permitiría si se condiciona a que se trate de la primera vivienda y a que las familias no cuenten con rentas y patrimonio adicionales.

Para este mismo colectivo considerado por el Gobierno en el "umbral de exclusión", el ministró también propuso atenuar los intereses de demora, pues admitió que éstos son "abusivos" y existe margen legal para flexibilizarlos.

 

ADICAE pide a Rajoy "un ejercicio de imaginación y responsabilidad social"

ADICAE ha reprochado al Ejecutivo del PP la "confusión" que a su juicio está creando con “propuestas en el aire” que "generan demasiadas dudas y resultarán ineficaces". "En particular, dirigir esta medida exclusivamente a las familias con todos sus miembros en paro y que no cuenten con ingresos adicionales para afrontar el pago de hipotecas, supone reducir considerablemente su alcance y condenar a muchas familias precisamente a la exclusión por la pérdida de la vivienda", ha lamentado la asociación de consumidores.

ADICAE también ha pedido "un ejercicio de imaginación y responsabilidad social" al Gobierno de Rajoy para "sacar del armario bancario el millón de viviendas vacías para dar respuesta a las personas que acaben finalmente perdiendo su vivienda, en forma de alquileres sociales accesibles y justos".

 

Deudas comerciales del sector público

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este viernes un "mecanismo" que irá "más allá del ICO" y que "contará con la colaboración de las entidades financieras" para "liquidar" la deuda comercial que tienen pendiente todas las administraciones con sus proveedores, que en el caso de Ceuta supera los 20 millones de euros.

Según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, esta medida debería permitir a las administraciones públicas hacer frente al pago de sus deudas, que no ha cuantificado pero ha calificado de "considerables", "en el plazo de semanas, en los próximos meses". El "mecanismo" pasa por la creación de una línea de garantía con el aval del Estado, garantizada con emisiones de deuda pública, a un interés en línea con el de mercado, superior al 6% y que no computará como déficit.

Los bancos y las cajas de ahorros adelantarán el pago de las facturas pendientes a la empresas y a los autónomos afectados por la morosidad pública, bajo los requisitos de intervención que se estipulen. Las entidades financieras se encargarán de cobrar la deuda a las Administraciones Públicas, cubriéndose la posibilidad de impago con la garantía del Estado.