Hablar es una cosa y actuar es otra. El principal grupo de la oposición, Caballas, pondrá a prueba la voluntad del Partido Popular de cumplir con lo que ha venido expresando el nuevo Gobierno de la nación por boca, entre otros, de su Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro . Así la coalición ha presentado para su debate en el próximo Pleno de marzo una propuesta en la que insta al Gobierno de Vivas a inicial acciones judiciales para perseguir por vía penal a los responsables políticos que hayan podido tener responsabilidad en la abultada cuenta de deudas de la Ciudad Autónoma.

Caballas pide en la parte dispositiva de su propuesta: “Emprender acciones legales contra los responsables políticos que hayan ordenado y contraído gastos sin la obligatoria consignación presupuestaria y/o sin respetar los procedimientos legalmente establecidos para ello”, reza textualmente la iniciativa presentada para su debate.

La propuesta de la coalición llega justo días después de conocer el montante de la deuda con los proveedores que la Ciudad Autónoma ha incluido para que se pague con cargo al plan especial creado por el Gobierno de la nación. Una deuda que Caballas atribuye directamente a una mala y negligente gestión por parte de los cargos políticos del Gobierno del Partido Popular en Ceuta.

“Desde el comienzo del presente mandato en junio de dos mil once, se ha convertido en una práctica común la aprobación de expedientes de ‘reconocimiento extra judicial de deuda’ por el Consejo de Gobierno y por los correspondientes Consejos de Administración de las sociedades municipales. Esta es la consecuencia de un modo irresponsable de gobernar que ha generalizado una figura reservada por la legislación vigente para resolver situaciones sobrevenidas o imprevistas”, explica Caballas en su propuesta.

Esa herramienta, entiende la coalición, que lejos de usarse para solventar situaciones sobrevenidas e imprevistas se ha generalizado en los modos de gestionar lo público por parte de los responsables del PP ceutí en el Gobierno de la Ciudad. “La ha utilizado para eludir los controles legales y efectuar contrataciones que obedecían a intereses partidistas”, concluye Caballas en su argumentación.

Para la coalición la “prueba definitiva” de su argumentación es, precisamente, “la relación de facturas impagadas elaborada por los servicios de intervención con motivo de la participación de nuestra institución en el Plan de Pago a Proveedores puesto en marcha por el Gobierno de la Nación”.

El principal grupo de la oposición califica en su argumentación como “desorbitado” el “número de facturas en los cajones”, algo que, entiende Caballas, “refleja con claridad el escaso respeto mostrado por el Gobierno de la Ciudad a los procedimientos legales para la fiscalización del gasto público”.

Caballas no esconde su coincidencia con los planteamientos ya expresados por el ministro Montoro y a los que ya hizo referencia en alguna comparecencia pública su número tres, Juan Luis Aróstegui , antes incluso de conocer el montante total de la deuda con los proveedores, y así lo reseña en la argumentación de su propuesta:

“Caballas coincide plenamente con el principio manifestado reiteradamente por el PP, a través de diversos cargos públicos del más alto rango del Gobierno de la Nación, de que es necesario exigir responsabilidades penales a los gobernantes despilfarradores que, incumpliendo las leyes, han ocasionado con su gestión daños graves a las instituciones públicas provocando endeudamientos escandalosos. Evidentemente éste es el caso de Ceuta”, recoge la propuesta.

Así las cosas, se prevé un debate tenso, ya que la propuesta de Caballas, asentada en planteamientos expresados por el Gobierno de la Nación, no deja de señalar a la bancada de enfrente, la del Gobierno de Vivas, como responsables del abultado déficit público de la Ciudad Autónoma. Una responsabilidad, que entiende la coalición, que pudiera ser, incluso, constitutiva de un delito penal.

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