Casi 25 millones. Concretamente, 24,7 millones. Ese es el importe que, en concepto de intereses, deberá abonar la Ciudad Autónoma durante los próximos diez años por los 80 millones que ha propuesto pedir a los bancos con el aval del Estado para saldar la deuda con sus suministradores que ha acumulado el Gobierno de Juan Vivas hasta el pasado 31 de diciembre, según la información a la que ha tenido acceso Ceutaldia.com.

Las corporaciones locales, a cuyo plan de pagos se ha adherido la Administración ceutí, deberá abonar un tipo de interés igual al de los bonos del Estado a 5 años más 115 puntos básicos (en la actualidad, un 5% aproximadamente).

En términos absolutos, ello se traduce en el desembolso de 2,3 millones de euros este año y de cuatro el próximo ejercicio, los dos de carencia que contempla el mecanismo extraordinario puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda.

En 2014, el Ejecutivo local comenzará a amortizar el capital recibido, con lo que se disparará la reserva de crédito necesaria para cumplir los compromisos adquiridos. Ese año deberá devolver a las entidades financieras 4,8 millones y pagar 3,9 en concepto de intereses.

De ahí en adelante, la cuota de amortización irá creciendo paulatinamente (desde 8,5 millones en 2015 hasta 11,5 en 2021, el máximo, para completar la devolución con 5 millones en 2022) y la de intereses evolucionará en sentido inverso (3,5 millones en 2015 y 62.690 euros en 2022).

La deuda a largo plazo de la Administración local asciende actualmente a 179 millones de euros, casi 60 más de los que reconoció la semana pasada el portavoz del Gobierno local, Guillermo Martínez, al dar este una cifra del Ayuntamiento en solitario y no de todo el sector público en términos consolidados. Con los 80 que se van a concertar ahora, la cantidad total se disparará hasta 238 millones al final de este año (deuda viva total, 283).

38 millones de intereses por el resto de la deuda a largo plazo

En 2022, la Administración local espera haberla reducido a cero y presupuesta arrastrar sólo las operaciones de Tesorería que concierta cada año para su desenvolvimiento financiero con cargo a la compensación de la recaudación del IPSI, que no parece tener la esperanza certera de recibir a cuenta, como ha pedido insistentemente al Gobierno de Zapatero y, ahora, al de Rajoy.

Durante los próximos diez años, incluido el corriente, la Ciudad prevé pagar 38,1 millones de euros para liquidar su deuda financiera (amortización del capital al margen). Este viernes el Pleno estudiará el Plan de Ajuste que el Estado exige elaborar a cada entidad local para probar sobre el papel que podrá asumir todas sus obligaciones financieras, algo que la Ciudad está segura de poder hacer.

Sumando los intereses pendientes por ambas operaciones, para sufragar esos 62,8 millones de euros será necesario consignar a tal efecto de media más de 17.200 euros al día durante diez años.

Esta es una forma de ver la operación. La otra, la del Gobierno de Vivas, advierte de que evitando el pago de intereses de demora (alrededor del 6%) y computando el ventajoso interés que ofrece la operación concertada por el Estado con las entidades financieras y la elusión de procesos judiciales de reclamación (recuerde cuánto y a quién debe pagar la Ciudad por sentencias judiciales en contra anteriores al 1 de enero), el Ejecutivo local ahorrar, dejar de gastar, durante los próximos 10 años "más de 21 millones de euros".

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