El diputado nacional ceutí, Francisco Márquez, y la senadora Luz Elena Sanín asegurado este viernes estar esperando una norma del Ministerio de Sanidad que “ponga coto” o directamente acabe con la atención sanitaria que se presta en la ciudad autónoma a los extranjeros, fundamentalmente marroquíes, que no cotizan en territorio español.

En declaraciones a los medios, el congresista ha explicado que el Estado español “entiende que seguir prestando asistencia sanitaria a transfronterizos en espacios con las características de Ceuta es necesario, pero acotándolo para que no dé pie a situaciones como las que estamos sufriendo en forma de mafias dedicadas a introducir en la ciudad pacientes para que reciban atención gratuita”.

Sanín ha ido más allá y ha defendido que “quien no paga impuestos en España no debe tener cobertura sanitaria gratuita como los ciudadanos nacionales”, por lo que ha abogado por limitar “definitivamente” la asistencia que actualmente se les presta sin la exigencia de contraprestación económica a cambio. Según sus cifras, durante el último lustro el Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA) ha gastado “17 millones de euros” en servicios médicos prestados a enfermos y parturientas del país vecino.

Ambos han reconocido, no obstante, que aún no está definida la forma en la que el Gobierno central, que sólo mantiene competencias educativas y sanitarias directas en Ceuta y Melilla, aumentará el “control” sobre la atención médica que reciben los foráneos.

El Pleno del Consejo Interterritorial ha acordado esta semana "adaptar correctamente a España" la normativa europea relativa a la atención a ciudadanos extranjeros en el SNS. El motivo es que se ha constatado que el SNS está asumiendo, con cargo a sus presupuestos la asistencia sanitaria de personas que la tienen ya cubierta desde su país. En concreto, casi 700.000 extranjeros han accedido sin derecho a la tarjeta sanitaria, lo que ha ocasionado un gasto de 917 millones de euros.
 
Para evitarlo, se llevará a cabo "una clarificación armonizada de la condición de asegurado". De este modo, España podrá facturar de manera rápida y directa al país de origen, del mismo modo que sucede con los españoles que viajan al extranjero. “Queremos evitar que haya ciudadanos extranjeros con solvencia económica que puedan, mediante lagunas administrativas o recurriendo a la picaresca, beneficiarse para acceder sin derecho y gratis a los servicios sanitarios de España”, ha señalado la ministra de Sanidad, Ana Mato.