"Hay muchos menos alumnos que otros días", dicen en conserjería del instituto Lope de Vega de Madrid. Entran casi con cuentagotas. En el colegio de infantil y primaria Pi i Margall, en la madrileña plaza del Dos de Mayo, Esperanza, una de las madres, dice que ha visto muy pocos niños a la entrada, menos que en otras huelgas, informa Juan A. Aunión. Lo mismo ocurre en otros muchos centros españoles en la primera jornada de huelga convocada en todos los niveles educativos por profesores, alumnos y padres (la asociación laica Ceapa, frente al rechazo de la movilización por parte de la católica Concapa). Solo tres comunidades (Baleares, La Rioja y País Vasco) han optado por otro tipo de protesta contra las medidas del ministro José Ignacio Wert.

En Barcelona, las primeras protestas se centran esta mañana en la Universidad Autónoma. Varias decenas de estudiantes han cortado la autopista AP-7 a la altura del campus. Los alumnos han colocado barricadas en los accesos por carretera y tampoco hay servicio de tren, informa Ivanna Vallespín. En Madrid, en la Universidad Complutense, decenas de personas cortan la avenida principal. La marcha la encabeza un camión forrado con carteles de la huelga, informa Pilar Álvarez. A primera hora, grupos de personas megáfono en mano pedían a quienes salían del metro en la zona universitaria que secundaran el paro.

En Valencia, un grupo de estudiantes bloquea los accesos a la Universidad Politécnica en el Camino de Vera con pancartas alusivas a la huelga y provocan una larga cola de coches y problemas de tráfico, informa Ferrán Bono.

Aunque en Baleares las centrales sindicales autonómicas han decidido apearse de la convocatoria estatal, habrá protestas. Por ejemplo, ha habido caceroladas y concentraciones dispersas esta mañana a la entrada de algunos centros, informa Andreu Manresa. En distintos puntos de Galicia y Andalucía, la protesta, promovida por los principales sindicatos de la educación pública (CC OO, ANPE, CSIF, STES y UGT), apoyados por las organizaciones estudiantiles y la Ceapa, arrancó anoche. La escuela concertada (privada subvencionada) solo está llamada a la huelga en Cataluña, mientras la patronal de centros privados CECE ha criticado la huelga y la asociación católica de padres Concapa la ha tachado de “irresponsable” en el actual contexto.

Recortes que vaticinan un conflicto prolongado

Las propias previsiones del Gobierno -se reducirá en cinco años la inversión pública en enseñanza del 4,9% al 3,9% del PIB, es decir, más de 10.000 millones de euros- auguran un conflicto prolongado, pues las consecuencias de los recortes apenas han empezado aún a asomar. Y eso, sin contar con las resistencias que puedan surgir a la prometida reforma educativa: cuarto de la ESO especializado hacia la FP o el bachillerato, programas de FP dual que combine estudios y trabajo, o evaluaciones externas en primaria y secundaria.

La profunda crisis económica que atraviesa España lleva dos años reduciendo los presupuestos públicos, también en sectores estratégicos y especialmente sensibles como la educación. El primer gran recorte fue el de sueldos docentes en 2010 (todavía con el Gobierno socialista), al que siguieron reducciones de plantillas en las escuelas en varias comunidades el pasado septiembre (Madrid, Cataluña, Galicia, Navarra y Castilla-La Mancha), poniendo más horas de clase a los funcionarios para poder prescindir de interinos. A ello se ha sumado la eliminación de distintos programas de apoyo a los escolares y restricciones y algunos ahogos en el día a día de los centros. A primeros de 2012, el recorte era de más de 3.400 millones de euros en los presupuestos educativos en solo dos años. Esto incluía las cuentas del Ministerio de Educación, que ha suprimido programas como el de apoyo a la creación de plazas de educación infantil hasta tres años.

Ese es el caldo de cultivo que encontró a mediados de abril el anuncio del Gobierno de que, aun con todo lo anterior, el recorte no era suficiente y se habrían de reducir otros 3.000 millones. Por ejemplo, generalizando y profundizando la reducción de plantillas que ya habían empezado en algunas comunidades a través del aumento de horas de clase de los profesores (también en la universidad) y el límite de alumnos por aula. Las autonomías también podrán subir el precio de las matrículas universitarias (unos 500 euros sobre una media actual de 1.000), mientras se endurecen los requisitos para acceder a las becas.

Todo estos ajustes y otros aflorarán en las aulas a partir del curso que viene con distintas concreciones e intensidades (FP superior de pago en Cataluña, eliminación de escuelas rurales pequeñas en Castilla-La Mancha, menos becas de libros y comedor en Madrid...).

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha insistido en que, a pesar de que se está pidiendo un gran esfuerzo a los profesores, las medidas permiten tal flexibilidad que apenas afectarán a la calidad del sistema educativo. Pero la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, que centraliza el movimiento de protesta, no se lo cree. “Una retirada del 20% de los recursos económicos no es asumible en modo alguno sin poner en serio peligro la calidad de la educación. Supone el desmantelamiento del sistema educativo tal y como lo conocemos en este momento”, dice la carta enviada la semana pasada la directiva de la Ceapa a los padres.