El Gobierno de la Ciudad ha "lamentado profundamente" este lunes la "actitud irresponsable" que a su juicio han demostrado los representantes de los sindicatos en la Ciudad Autónoma "al criminalizar al colectivo de los menores extranjeros no acompañados (MENA) con unas manifestaciones que atentan contra los principios constitucionales, la Convención de los Derechos del Niño y el Derecho Internacional en materia de protección de menores".

A juicio del Ejecutivo local, declaraciones como las realizadas por las centrales "en las que se acusa a todos los menores de 'torturas' hacia los trabajadores y se llega a abogar por la sustitución de los educadores por 'la Caballería” solamente "contribuyen a la criminalización de los menores extranjeros no acompañados" y a "fomentar las situaciones de rechazo entre la sociedad e incluso la xenofobia".

El Gobierno ha asegurado que "no entiende" cómo sindicatos de clase "pueden efectuar este tipo de declaraciones y pueden ser capaces de generar alarmismo en relación a unos niños en dificultad social y que son objeto de protección por parte de la legislación española e internacional". En este sentido, la Ciudad ha apelado a la protección del menor tutelado que le atribuye la legislación "y la aplicación de los mecanismos establecidos en la legislación como vía para conseguirlo, como así está haciendo".

Según la Administración local, en 'La Esperanza', ubicado actualmente en el edificio del albergue de la barriada de Hadú, "hay los mismos problemas que puede haber en cualquier otra instalación de estas características, pero en ningún caso, como se desprende de las declaraciones de los representantes sindicales, se producen episodios continuados de violencia y amenazas, y menos aún de manera generalizada por parte del colectivo de menores". "Así lo pudieron comprobar recientemente el Relator especial de la ONU sobre racismo y la oficina del Defensor del Pueblo", ha recordado el Gobierno ceutí en una nota a los medios.

"En realidad", ha argumentado el Ejecutivo que preside Juan Vivas, "los sindicatos se han referido a unos hechos protagonizados por un menor, de tan solo 11 años (una edad situada por debajo de la marcada por la ley para atribuir la responsabilidad penal), que padece un trastorno de conducta, y que actualmente no se encuentra en el centro". Para el Gobierno "bajo ninguna circunstancia es admisible que un caso como éste se utilice para generar alarma y rechazo social, con lo que ello supone, como tampoco que se pretenda tirar por tierra el trabajo que realiza el personal del centro y el Área de Menores".

Responsabilidades legales

Por estos motivos, y "a la vista de su gravedad", la Ciudad ha anunciado que "estudiará las declaraciones efectuadas por los representantes sindicales por si pudiera derivarse algún tipo de responsabilidad legal". En cuanto al trabajo que se realiza, el Área de Menores ha aseverado que "mantiene un diálogo permanente y fluido, en el marco de lo que fija la legislación, con el Fiscal de Menores, siempre en la búsqueda del bien del menor, procurando su desarrollo humano y su integración social".

El Gobierno de la Ciudad ha aprovechado su comunicado para "reconocer el trabajo de la Fiscalía, que en todo momento está informada tanto de la evolución y comportamiento de cada uno de los menores tutelados como de la realidad de los centros de menores, y que vela siempre por la protección de los niños" y para "reconocer y valorar también el trabajo que realiza la plantilla de trabajadores, que en ocasiones se deben enfrentar a situaciones difíciles, propias de un centro de esta tipología".

Por último, la Vicepresidencia Primera de la Asamblea, Adela Nieto, ha invitado a los representantes sindicales "a la reflexión y a mantener un sincero diálogo con los sindicatos sobre cualquier asunto referente al centro o al Área de Menores para conseguir el fin común de mejorar las condiciones del servicio y de trabajo de la plantilla". "El diálogo es el camino que debe seguirse a la hora de abordarlo un problema si se quiere solucionar, porque, desde luego, declaraciones públicas desmesuradas y alarmistas no conducen a ningún sitio y no benefician a nadie", ha resumido el Gobierno ceutí.

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