Tras tres años, cuatro, con este 2018, que dan por perdido, con el salario congelado y un largo historial de impagos y problemas con las distintas concesionarias que han ido asumiendo el servicio público que licita Ingesa para el transporte sanitario, los trabajadores de las ambulancias de la ciudad –desde ayer pertenecen a otra nueva empresa, la quinta en 20 años–, han acordado este sábado acudir a la huelga si la nueva responsable del servicio no se sienta a negociar una mejora en las condiciones laborales del colectivo.

La convocatoria de huelga es en realidad un signo de exclamación, una amenaza firme de hasta donde está dispuesto a llegar el colectivo de 45 trabajadores, pero no tiene una fecha fijada en firme, aunque ya se baraja el mes de julio para la ejecución de la medida de fuerza, tal y como ha explicado tras la asamblea de trabajadores el secretario de Organización de Comisiones Obreras de Ceuta, José Antonio Saiz, que ha tutelado la reunión como sindicato con mayor representación en la empresa.

Desde ayer, los trabajadores ya no desempeñan su labor para Ambulancias MP, ahora es la empresa Servicios Socio Generales (SSG) la encargada de prestar el servicio y desde la plantilla no parecen muy pesimistas con la actitud que adopte el nuevo concesionario del servicio público que depende del Ingesa. Aunque por si acaso no aparcan su hartazgo y este mismo sábado han adoptado el acuerdo de dar un paso al frente y aprobar la convocatoria de huelga.

“Vamos a tratar de reunirnos la semana que viene tanto con el Ingesa, para manifestarle la situación en la cual se está haciendo el servicio de transporte sanitario, como con la empresa, que ha cambiado ayer, para trasladarle las necesidades de los trabajadores y la de establecer una negociación de las nuevas condiciones laborales y salariales y la nueva estructura del servicio”, ha aclarado Saiz.

Basta con eso, con que haya disposición a negociar mejoras para que la huelga no se convoque de modo formal, con fecha fijada y negociación de por medio de servicios mínimos. Una disposición que hasta ahora la concesionaria Ambulancias MP no había mostrado y a la que Ingesa lejos de pedir cuentas por el servicio le ha permitido ir degradándolo, según se deduce de las explicaciones ofrecidas por Sáiz, mucho más allá de lo salarial y lo laboral.

“Los vehículos dan miedo”

A los tres años de congelación salarial se suman malas condiciones de trabajo: “Hay una plantilla de vehículos que da miedo. Los vehículos no están dotados como deben estar dotados. El pliego de condiciones técnicas no lo está cumpliendo la empresa, lo cual lo vamos a denunciar la semana que viene al Ingesa. Las modificaciones de jornada de pronto son continuas. Las jornadas de trabajo de muchas horas son continuas y eso no es bueno ni para los trabajadores ni para los usuarios. Los trabajadores están sometidos a una presión  muy importante. En los servicios programados, en el momento que salen varias ambulancias de la ciudad se retrasan de forma continua, raro es el día que no hay tensiones, no hay agresiones, pero sí muchas tensiones, les culpan a los trabajadores de los retrasos en los servicios. Situación tensa y complicada, los trabajadores están ya cansados y esperan que se solucione”, ha explicado Saiz.

El parque de vehículos no está en condiciones, según no sólo Comisiones Obreras, sino también el Sindicato Médico, que tal y como ha recordado Saiz, ya denuncio que se pasaban inspecciones técnicas “haciendo trampa”, desmontando un vehículo para acondicionar otro para que pase la inspección, y desmontándolo otra vez, una vez superada; “y hasta ahora el Ingesa está mirando para otro lado y no puede mirar para otro lado porque esto es dinero público para un servicio público y le vamos a  exigir que lo cumpla”, ha apostillado Saiz.

A estas malas condiciones en la flota de vehículos y la mala planificación de los servicios se suman unos salarios congelados desde 2015, los trabajadores dan por perdido 2018 y la propuesta que plantean –“yo creo que muy razonable”, ha calificado Saiz– pasa por sentarse a negociar ahora un nuevo convenio que mejore esas deficiencias y que no entraría en vigor hasta que el Ingesa adjudique el nuevo concurso, esto es no entraría en vigor hasta agosto de 2019. Pero además de mejoras en la flota de vehículos y en los salarios, los trabajadores quieren garantizar puestos de trabajo:

“La empresa ha cogido la dinámica, que es legal, de ir sustituyendo a los trabajadores más veteranos por trabajadores en prácticas, que antes se les retribuía el 65 por ciento durante el primer año, el 75 por ciento, el segundo y luego fuera. La empresa está ganando mucho dinero, lo cual no nos oponemos, pero a costa de los trabajadores”, ha explicado Saiz.