"ILEGALIDADES"

Caballas avisa a Néstor García: si insiste en "despilfarrar" 2,35 millones con Tragsa en Gran Vía, a los Tribunales

Caballas avisa a Néstor García: si insiste en "despilfarrar" 2,35 millones con Tragsa en Gran Vía, a los Tribunales
Caballas ya anunció que lucharía con todas sus energías contra una obra que considera innecesaria./archivo
Caballas ya anunció que lucharía con todas sus energías contra una obra que considera innecesaria./archivo  

Caballas le ha remitido una carta al consejero en la que le advierte de que una empresa especializada en el medio agragario por estatutos no puede acometer el proyecto; que este debe salir a concurso; y que, además, debe pasar por dos periodos de exposición pública por afectar a aspectos básicos del ordenamiento urbano y del patrimonio histórico y cultural


Caballas tiene preparada su estrategia judicial para llevar ante la Justicia al Gobierno y a su consejero de Fomento, Néstor García, si prosigue adelante con la idea sobre la mesa y defendida hasta la saciedad para remodelar la Gran Vía y la calle Jáudenes por un precio que se estima alcance los 6,5 millones de euros. Lo hace en defensa del interés público y más concretamente de las arcas públicas en lo que poco menos que considera un disparate de gestión de gran proporción y así se lo ha expuesto la coalición, si medias tintas, a un consejero que prefiere hasta ahora ser escrupuloso en el cumplimiento de la legalidad antes de ir adelante con cualquier asunto, aún cuando eso suponga ralentizar algunas decisiones.

El Gobierno ha encargado a TRAGSA la redacción del proyecto por 143.000 euros cuando un arquitecto de PROCESA lleva meses trabajando en el mismo y lo tiene "avanzado", además de ser gratis

En el escrito dirigido a Néstor García, Caballas le advierte de que tal y como está planteado el proyecto, además de incumplirse la Ley en algunos puntos significativos, las arcas de la Ciudad Autónoma podrían asumir un coste extra de 2,35 millones de euros. La cifra sale de sumar la primera encomienda de gestión de 143.5650,85 euros para la redacción del proyecto encargada a la empresa pública Tragsa, a pesar de que un arquitecto de Procesa lleva meses trabajando en el proyecto y de aplicar al precio de 6,5 millones de euros que ha estimado el Gobierno el ahorro medio obtenido por la administración local en las diversas obras emprendidas que ha sacado a concurso mediante subasta, un 34,8 por ciento, que sobre 6,5 millones supondrían 2,21 millones de sobreprecio que podría llegar a abonar la Ciudad al encomendar la labor directamente y sin concurso a la empresa pública.

La carta es poco menos que el reflejo de los argumentos que la coalición planteará ante los Tribunales si la iniciativa sigue adelante tal y como está.  Así Caballas incide en varios puntos que considera de dudosa legalidad. Empieza por la encomienda de gestión para la ‘Consultoría y Asistencia Técnica’ en la redacción del proyecto ya realizada a Tragsa por un importe de 143.560,85 euros y un plazo de tres meses, a pesar de “existir un borrador de proyecto muy avanzado, redactado por un arquitecto de PROCESA”, tal y como le recuerda Caballas a García.

TRAGSA por Ley y por sus estatutos no podría acometer proyectos que no fueran de mejora del medio agragario, según Caballas

“Sobre esta primera Encomienda de Gestión, ya cabe plantear: en primer lugar, que el encargo no se corresponde con las competencias que sus propios Estatutos asignan a TRAGSATEC, tal y como deja meridianamente claro el artículo 2 apartado b) (sus competencias quedan circunscritas al medio rural, medio ambiente y otros de análoga naturaleza); por otro lado, en la Encomienda de Gestión, aparte de algunos ‘lugares comunes’ y vaguedades, no se especifican las razones que justifican un desembolso de más de ciento cuarenta mil euros, por un trabajo que venía realizando de manera gratuita personal de la Ciudad”, le ha argumentado la coalición a García.

“Resulta muy evidente que las obras de Remodelación Integral de la Gran Vía y aledaños que se pretende encomendar a TRAGSA, no están incluidas en el ámbito de sus competencias legales"

Y si la empresa TRAGSA es especialista en el medio rural, la misma crítica vale para la ejecución de la obra en el corazón de la ciudad. Obra que el propio Gobierno ha anunciado desde hace meses que encomendará a la empresa pública mediante una encomienda de gestión, que tal y como le recuerda Caballas a Néstor García, el mismo consejero anuncio como “inminente” en el Pleno del pasado 26 de septiembre. Ante eso, Caballas no duda en “hacerle advertencias con al intención de evitar una posible judicialización de esta iniciativa por vulnerar la legalidad vigente y apartarse del interés general”.

La primera es precisamente la que ya esgrime para la actual encomienda de gestión y le cita en su carta al propio García el apartado primero de la Disposición Adicional 25 de la Ley de Contratos del Sector Público que regula el régimen jurídico de Tragsa y sus filiales:

nestor garcia ali vertical“El grupo de sociedades mercantiles estatales integrado por la «Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima» (TRAGSA), y las sociedades cuyo capital sea íntegramente de titularidad de ésta, tiene por función la prestación de servicios esenciales en materia de desarrollo rural, conservación del medioambiente, atención a emergencias, y otros ámbitos conexos, con arreglo a lo establecido en esta disposición”.

Una función en apariencia poco compatible con remodelar la Gran Vía y la calle Jáudenes. Así lo considera la coalición:

“Resulta muy evidente que las obras de Remodelación Integral de la Gran Vía y aledaños que se pretende encomendar a TRAGSA, no están incluidas en el ámbito de sus competencias legales. Pretender ‘agarrarse como a un clavo ardiendo’ a la expresión incluida en el apartado a) del punto 4, en la que se dice ‘para la mejora de los servicios y recursos públicos’, sin tomar en consideración su contexto en el marco de la sistemática jurídica de la norma, para concluir que TRAGSA ‘puede hacer cualquier obra’ (ya que obviamente toda las obras que emprende una administración mejoran los servicios y recursos públicos) es una  interpretación torticera y fraudulenta de la norma. En el apartado Primero se especifica con plena rotundidad la limitación de su ámbito competencial, expresando con claridad que el resto de puntos de esta clausula especifican su desarrollo que en ningún caso, puede contravenir lo que el legislador deja meridianamente claro en el apartado primero”, avisa Caballas a García.

Interés electoral y sobrecoste

También desecha el argumento esgrimido por el Gobierno de que encomendar la obra a Tragsa acortará el tiempo de ejecución de los trabajos y se podrá disfrutar de la remodelación antes de que termine la actual legislatura autonómica, tal y como el propio García esgrimió en el Pleno del 26 de septiembre. El argumento del consejero, resulta para Caballas “de todo punta de vista insostenible. No estamos ante una obra urgente, ni mucho menos, como es fácilmente comprobables al tratarse de una de las zonas nobles más y mejor cuidadas de la Ciudad. Terminar la obra antes de las elecciones municipales de 2019 es un motivo de interés del PP, pero en ningún caso de la Ciudad”, le ha avisado.

Por el método de concurso con subasta la Ciudad ha ahorrado esta legislatura un 34% sobre el coste inicialmente previsto de media. Aplicado a los 6,5 millones supondría un ahorro de 2,21 millones de euros a las arcas públicas

En tercer lugar Caballas esgrime el coste ahorrado mediante los concursos públicos de obra por el método de subasta en lo que va de legislatura: 687.591€ en el asfaltado, 1,533 en el Plan de Barriadas para la Estación de Ferrocarril que se licitó por 4,2 y se adjudicó en 2,7; 661.414 en su segunda fase y un millón de euros en las obra de Puente Quemadero: salieron a licitación por 1,9 millones y se adjudicaron por menos de 1. En total en 4 concursos públicos el precio estimado por la Administración ascendía a 11,15 millones de euros, pero tras la subasta el desembolso final para ejecutar los trabajos bajó a 7,27 millones de euros. 3,88 millones de ahorro a las arcas públicas, una media de rebaja sobre el precio previsto inicialmente del 34,8 por ciento. Si ese mismo porcentaje se aplica a los 6,5 millones que estima que cuesta el trabajo la Consejería de Fomento, el precio por el que finalmente se podría realizar la reforma sería de 4,29 millones ahorrando nada menos que 2,21 a las arcas públicas.

La remodelación afecta aspectos básicos del planeamiento urbanístico y Caballas cree que debe pasar por exposición pública

“¿Cree usted justo que los ciudadanos tengan que pagar 2,21 millones de más por que usted ‘tenga prisa’ en terminar la obra antes de las elecciones? No es preciso recordarle que mas del 40 por ciento de la población de Ceuta vive con rentas inferiores a las que limita el umbral de la pobreza” le ha recordado Caballas.

Sin exposición Pública ni declaración de Impacto

Y los dos últimos puntos que esgrime la coalición como vulneraciones de la legalidad tal y como está planteado el proyecto ahora mismo tampoco están exentos de polémica. La Coalición cree que el proyecto necesita pasar por un periodo de exposición pública para que se puedan presentar alegaciones por parte del resto de la sociedad y que necesita un informe de la Comisión que vela por el patrimonio.

La coalición cree que el proyecto afecta a la Basílica Tardorromana y que requiere por tanto un informa favorable de Patrimonio y de nuevo, otro trámite de exposición pública, ad hoc

“El proyecto pretende, entre otras cosas, ‘corregir el sentido de la circulación’ incluso peatonalizando alguna de las actuales vías. Este tipo de proyectos tienen la consideración de ‘Proyectos de Urbanización’, de conformidad con lo dispuesto en la Normas del PGOU, en concreto, en el artículo 2.4.3, en su apartado 3, en el que dice que tienen la consideración de Proyecto de Urbanización, en todo caso, los que supongan apertura o reforma de viario; entre otros requisito igualmente establecidos en este artículo”, le han recordado al consejero de Fomento que, supuestamente y a la vista de que sigue manteniendo la fe en aprobar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, seguramente sepa perfectamente este extremo. “Ello supone la obligación, ineludible, de someter el proyecto a un periodo de exposición pública”, le ha sentenciado Caballas.

Una exposición pública reñida con las prisas que ha manifestado el propio Gobierno para que la obra esté lista antes de las próximas elecciones autonómicas.

Y no sólo, Caballas considera que la obra necesita pasar el filtro de la exposición pública por afectar a aspectos básicos de la ordenación urbana: “La zona que se pretende remodelar incluye la Basílica Tardorromana, Bien de Interés Cultural, especialmente protegido, por lo que, además del informe favorable de la Comisión correspondiente, debe, también por este motivo, exponerse al público”.

Tras el rotundo aviso de Caballas queda por ver si el Gobierno y el consejero de Fomento, Néstor García, se lo toman con más calma en lo referente a una obra que tampoco suscita la simpatía de la mayoría de la ciudadanía o siguen con el acelerador pisado a fondo y acaban nuevamente en los tribunales.