Carreira, advertido por Contratación, cambió el modo de Martínez de contratar publicidad a Ceuta TV


Carreira, advertido por Contratación, cambió el modo de Martínez de contratar publicidad a Ceuta TV

- El Tribunal de Cuentas ha nombrado delegado instructor y ha pedido a la Administración Local que se explique y señale a los responsables involucrados en los hechos denunciados por El Faro, pagos "improcedentes" de 786.000 euros a Angulo Ceuta entre 2012 y 2015 

- La Intervención y el servicio jurídico preparan su respuesta que irá en la línea de argumentar que no hubo responsabilidad contable dado que los servicios contratados se prestaron, con o sin licencia para emitir en TDT

El entonces consejero de Economía y Hacienda, Emilio Carreira, recibió, al poco de llegar al cargo (junio de 2013), un informe por parte de Contratación en el que se le advertía de la existencia de una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en junio de 2012 que anulaba de facto la licencia para emitir en TDT concedida en 2008 a Angulo de Ceuta (que la explotaba bajo la marca Ceuta Televisión y cuya defensa pública ha venido encabezando, Manuel González Bolorino). Esa advertencia motivó que, tal y como ha explicado el propio Carreira, cambiara la contratación publicitaria que se venía realizando con Angulo de Ceuta, para pasar de emitir spots en televisión (sin licencia de emisión) a poner anuncios en su página web.

“Fui advertido por Contratación al poco de llegar a la Consejería sobre una sentencia del TSJA que en la práctica uno de los licitadores de la TDT quedaba excluido. No podía tener licencia y por tanto había quedado excluido del concurso que volvía al instante en que la Mesa de Contratación hizo la adjudicación de los canales. Eso suponía que no podía tener frecuencia. Como yo nunca he sido de discutir sentencias judiciales –alguna del Tribunal de Cuentas alguna vez sí, pero porque eso no es exactamente un órgano judicial- en cuanto tuve la información hice a los pocos días que se ejecutara la sentencia. Como Ángulo de Ceuta ya no podía tener licencia para operar como emisor de TDT pasé a contratar la publicidad a través de internet”, reconoce Carreira.

Esa larga explicación a un asunto que es en sí farragoso y que abarca 7 años y hasta tres gobiernos distintos, siempre bajo la presidencia de Juan Vivas, resume a su vez una acción: Carreira dejó de contratar publicidad a Ceuta Televisión para emitir por TDT al tener conocimiento de que existía una sentencia judicial que hacía imposible que emitiera señal alguna (y que un año después de dictada, cuando él llegó al Gobierno, nadie había ejecutado). Es decir, cambió lo que había venido haciendo su predecesor en el cargo y hoy candidato a senador, Guillermo Martínez.

A pesar de ello, Carreira no cree que exista “responsabilidad contable” que es el supuesto que ha denunciado la empresa que preside, Rafael Montero, Joaquín Ferrer y Cia. y que edita El Faro de Ceuta. Denuncia al Gobierno de Vivas por pagos improcedentes por cerca de 800.000 euros a la televisión. “No hay alcance contable. No hay nada. El servicio se prestó y no hay un perjuicio contable para las arcas públicas cometido por la administración”, ha afirmado.

“En mi opinión, que digo yo que la podré dar, aunque sea eso, sólo una opinión, lo de si había o no había licencia y todo eso, no es algo que se resuelva en el ámbito del Tribunal de Cuentas”, ha manifestado pocas horas después de que Martínez expresara, tras hacerse pública la denuncia de El Faro, que los pagos de publicidad a una televisión sin licencia son una cuestión administrativa y no penal.

El hoy consejero de Medio Ambiente, Emilio Carreira, sigue teniendo entre sus competencias, la de gestionar la siempre complicada partida destinada a la inversión publicitaria de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Adquirió esa responsabilidad en junio de 2013 cuando, Juan Vivas, lo rescató para su Consejo de Gobierno, desde Acemsa y lo nombró consejero de Economía y Hacienda para suplir el hueco que dejaba el hoy candidato a senador, Guillermo Martínez. Carreira es uno de los responsables de los pagos “absolutamente improcedentes” a Angulo Ceuta (Ceuta Televisión) en publicidad que ha denunciado la empresa editora de El Faro de Ceuta, Joaquín Ferrer y Cia. Sl al Tribunal de Cuentas.

Delegado instructor

Carreira ha matizado que esto no significa que él lo hiciera mejor o peor que Guillermo Martínez. "Yo también he contratado publicidad con televisiones sin licencias, pero no ahora en esta etapa, hace más años. Y me siento igual de responsable que Guillermo. O sea, nada. Hemos contratado un servicio que se ha prestado. No hay responsabilidad contable que es lo que va a mirar el Tribunal de Cuentas. ¿Que hemos contratado publicidad con una televisión sin licencia? Nosotros y doscientos mil más desde que Franco murió", ha dicho Carreira. Esos otros tiempos a los que alude son los anteriores a que bajo la presidencia Zapatero y aprovechando la implantanción de la TDT se optara por regularizar todo un sector, el de las televisiones locales, que era grande y que tradicionalmente había venido operando desde la "alegalidad". Y aquello fue a mediados de los años 2.000.

Aquí todo el mundo ha mirado para otro lado. El Gobierno de la nación que es el dueño del espacio radioeléctrico también", ha zanjado Carreira.

Tal y como ha confirmado el propio Carreira y, según ha podido corroborar Ceutaldia.com, el Tribunal de Cuentas ha nombrado un delegado instructor, que de momento documenta los hechos denunciados más allá de la información remitida por El Faro que ha denunciado pagos improcedentes por cerca de 800.000 euros a la sociedad editora de Ceuta Televisión entre 2012 y principios de 2015.

Así, el Tribunal parece tomarse en serio la denuncia presentada por la empresa de Montero y ha remitido este mismo mes de mayo un escrito a la Ciudad dándole un plazo de quince días, que aún no habría expirado, para que conteste y justifique lo hecho en lo referente a la denuncia, si considera que no hubo alcance contable; o bien, que aclare los hechos y acote las acciones que pudieran arrojar alguna responsabilidad.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma, según ha explicado Carreira, trabaja ya en la respuesta que irá en la línea de defender que no hubo alcance contable. La contestación la están preparando la Intervención y el letrado de la ciudad, “como suele ser habitual y como se ha hecho siempre”, ha matizado Carreira.

Y la respuesta en irá en la línea de descargar cualquier responsabilidad contable y cualquier daño a las arcas públicas, en tanto en cuánto los servicios contratados se prestaron, según ha sostenido Carreira.

Más allá de las explicaciones, el Tribunal pide sí o sí, para alimentar su instrucción, a la Ciudad que comunique “a esta Instrucción el nombre, apellidos, DNI y domicilio, a efecto de notificaciones, de las personas que tuvieron responsabilidad en el ámbito de la gestión económico-administrativa denunciada como presuntamente ilícita. Concretamente deberá identificar al ordenador de pagos y a quién ejerciera la función interventora a partir del momento en que se notificó a las partes la ya citada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 12 de junio de 2012”, recoge el escrito remitido a la Ciudad desde el Tribunal de Cuentas.

Concretas irregularidades

Considera el denunciante, Montero a través de la empresa, Joaquín Ferrer y Cia. que toda la inversión realizada por el Ejecutivo en Ceuta Televisión en ese periodo, cuyos pagos por esa cantidad ha certificado el propio Interventor, fue “absolutamente improcedente”, según recoge en su denuncia, por “contravenir directamente lo decidido en sentencia firme”. Una sentencia cuyo incumplimiento por parte del Gobierno, resume Joaquín Ferrer y Cia. así: “No alcanzamos a comprender que haya podido permanecer tanto tiempo ‘metida en un cajón”.

En el arranque de su escrito a la Ciudad, el delegado instructor habla de “concretas irregularidades” para referir y centrar el “objeto” de su investigación y señala “los pagos hechos a una concesionaria del servicio público de televisión digital terrestre cuyo título jurídico para la prestación de dicho servicio habría sido anulado por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 12 de junio de 2012”.

Aunque en el escrito deja claro que se trata de una investigación y habla en otros lugares de “presuntos” ilícitos. Y según ha concretado el propio Tribunal de Cuentas a Ceutaldia.com se trataría de un estado muy primario de la instrucción en el que el tribunal sólo da el paso de documentar la denuncia presentada para ver después si cita a las partes y comienza una segunda fase.

Además de pedir al Gobierno que señale sí o sí a los responsables de los pagos, el Tribunal pide al Ejecutivo que elabore un informe legal en el que aclare la “justificación de las irregularidades, si se considera que no han causado daños al erario público. Corresponde a la Ciudad Autónoma justificar las presuntas irregularidades que se han denunciado, con el máximo detalle de concreción, y acompañando la documentación que soporte o respalde las manifestaciones que se hagan en el informe justificativo”.

Como opción alternativa, el Delegado Instructor del Tribunal de Cuentas abre la vía a que el Gobierno dé la razón al denunciante y detalle los pormenores del “daño al erario público autonómico”. En cuyo caso le pide que concrete cuánto dinero y en qué periodo de tiempo consistiría ese “daño” y quiénes “presuntamente” lo hicieron posible.

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