La movilización sindical que arrancó el 21 de mayo e Albacete y Melilla y que ha ido recorriendo distintas capitales de provincia llegará este jueves, 21 de junio, a Ceuta. Delegados sindicales de CCOO, UGT y CSIF se concentrarán ante la Delegación del Gobierno para exigir "un salario mínimo de 1.200 euros" para los empledos públicos.

Además, abogan por "homologar las condiciones retributivas del personal laboral y el personal funcionario" y porque, "para paliar la pérdida de poder adquisitivo acumuladas en los últimos diez años, que supera el 14%", se apruebe "un incremento salarial lineal de 200 euros" y una dotación presupuestaria de 100 euros más para el establecimiento de la carrera profesional para todas las empleadas públicas y todos los empleados públicos de la Administración del Estado".

Los sindicatos denuncian que la Administración General del Estado "ha sido castigada de manera especial durante los últimos años por el Gobierno para cumplir los parámetros de contención del gasto, tanto en la reposición de efectivos como en las condiciones retributivas del personal y por los recortes efectuados con la excusa de la crisis". A su juicio, esto ha provocado "un grave deterioro de los servicios públicos que es necesario atajar porque son imprescindibles para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía".

Las organizaciones coinciden en señalar que el personal público es quién garantiza los derechos, la igualdad y la cohesión social. CCOO, UGT y CSIF también reclaman el desarrollo del II Acuerdo para la mejora del empleo público, firmado el pasado de 9 de marzo, con la apertura de los ámbitos de negociación establecidos en el pacto para lograr avanzar en tres ejes: empleo, derechos (restablecimiento del 100% de las retribuciones en situación de incapacidad temporal y la recuperación del carácter máximo de la jornada de 37,5 horas) y salario. Los sindicatos también reclaman el desarrollo y aplicación de la jubilación parcial en el ámbito.

Los sindicatos exigen el desbloqueo del IV Convenio Único del personal laboral, que lleva más de dos años sin avances significativos, y el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, estableciendo, entre otras cuestiones, el derecho a la carrera profesional o la adaptación de la clasificación profesional al actual sistema de titulaciones.