La reacción al esperpento vivido este viernes ante la denuncia refrendada por los tres sindicatos con representación en el Comité de Empresa de la empresa concesionaria de la recogida de basura y limpieza viaria, Trace, no se ha hecho esperar. La denuncia llevará ante el juez al ex consejero de Medio Ambiente, Emilio Carreira –señalado en la denuncia junto con Vivas- como investigado por supuestos delitos de prevaricación y malversación en la encomienda a Tragsa para realizar también labores de limpieza. Al saltar a la luz esta noticia, el foco no sólo se centró en el ex consejero, también en su jefa en el partido, Malika Al Lal, vicesecretaria del Partido Popular de Ceuta y que es también presidenta de la gestora que gobierna el sindicato CSIF. Su firma aparecería en la denuncia que señala a su presidente en el partido y del Gobierno de la Ciudad, Juan Vivas. Aunque ella ya salió al paso este viernes para desmentir que ella firmara. Tanto así que anuncio acciones legales contra quienes usaran el sello sindical con su firma sin consultarle primero. Para los otros dos sindicatos con representación en Trace y que también firmaron la denuncia, UGT y CCOO, la actitud de Malika Al Lal deja en el “desamparo” a sus compañeros de CSIF, afiliados de un sindicato a los que consideran UGT y CCOO que Malika debería defender.

“Nos encontramos  con la sorpresa de que en CSIF, su máxima responsable no apoya la causa, debemos saber de qué lado estamos, ¿del trabajador o del Gobierno? Está perjudicando al trabajador, recordándole a la señora Malika que muchos de esos trabajadores pagan rigurosamente  una cuota a su sindicato y son afiliados de ella. Por lo tanto desde nuestra  humilde opinión esta señora debería de estar en una parte o en otra, pero no en misa y repicando. A la vista está con los acontecimientos ocurridos, de qué parte se ha puesto. Cuando uno o una ocupa un puesto interno dentro de una organización sindical su deber es defender y velar por el bienestar de los derechos de los trabajadores y no darle  la espalda y dejarlos en el desamparo, como en este caso”, ha manifestado Juan Gutiérrez desde UGT en representación también de Comisiones Obreras.

Y para las dos centrales sindicales, a la vista de lo expresado por Gutiérrez, el núcleo de la cuestión no es la firma, y sí la cuestión de fondo que da pie a la denuncia: una supuesta duplicidad en la contratación pública para un mismo servicio que acaba por pasar factura a la plantilla de Trace.

“Aquí no de trata de quién ha firmado la denuncia, si ella o sus compañeros, se trata de que hay un daño colateral que se esta realizando a los trabajadores y ella debe dar la cara. Por la tanto exigimos a la señora Malika que decida de qué parte está, aunque ya vemos que aquí prevalece el poder antes todo”, ha apostillado Gutiérrez.

Comisiones Obreras y UGT justifican su opinión sobre el asunto interno de otro sindicato, precisamente por la factura que pueda pasar a sus compañeros en Trace y a la propia situación la actitud adoptada ayer por Malika Al Lal. “Entre otras cosas afecta a una parte de compañeros de la misma empresa en la cual trabajamos, independientemente donde su afiliación esté inscrita. Personalmente no llegamos  a comprender cómo una máxima  dirigente de un sindicato, puede ser la número 3 de un partido político gobernante en la misma ciudad, ¿qué credibilidad puede ofrecer esta organización a sus afiliados?”, ha explicado Gutiérrez.

CCOO y UGT han recordado también que independientemente de la firma de la denuncia, la misma se interpone por acuerdo de los representantes sindicales de los tres sindicatos en el Comité de Empresa, o lo que es lo mismo, con la unanimidad de los representantes de la plantilla de Trace, también los de CSIF.