La Ciudad Autónoma incumple la ley y sus propios compromisos de transparencia

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La Comunidades Autónomas y las entidades locales tenían dos años para "adaptarse" a las obligaciones de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, concebida para "ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública", para "regular y garantizar el derecho de acceso a la información" y para "establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos".

La Ciudad Autónoma sigue, sin embargo, su propio rítmo. En 2015 todavía no disponía de un portal de trasparencia pero una vez puesto en marcha, su estructura y contenido presenta múltiples "carencias", según ha puesto de relieve el Tribunal de Cuentas. Así, en la web "no se ha incluido un organigrama en el que se identifique a los responsables de los diferentes órganos, su perfil y trayectoria profesional, así como los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos". Tampoco "las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución".

Igualmente, no se han publicado las respuestas a las consultas planteadas por los particulares u otros órganos que suponen una interpretación del Derecho o tienen efectos jurídicos, ni los anteproyectos de los presupuestos, proyectos de Reglamentos, así como tampoco los documentos sometidos a información pública, como la Cuenta General del ejercicio 2016.

Si las busca no encontrará "las cuentas anuales de entidades de su sector público, ni los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización emitidos sobre las mismas" y tampoco se ha detallado la relación exigida de los bienes inmuebles propiedad de la Ciudad o sobre los que esta ostente algún derecho real.

En materia de contratación pública, dentro del perfil del contratista "no se ha incluido toda la información expresamente exigida" en la legislación y "no se han dado a conocer las indemnizaciones y reconocimiento de compatibilidad de los altos cargos..

La publicación de las declaraciones de bienes y actividades "se ha extendido a los miembros del Gobierno pero no al resto de los representantes locales" y "tampoco se ha publicado la información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que son competencia de la Ciudad".

No se cumple la ley pero tampoco las obligaciones que se ha autoimpuesto el Pleno, que en julio de 2015 aprobó a propuesta de Ciudadanos la iniciación, a la mayor brevedad posible, de los trámites necesarios para la creación de una Mesa por la Transparencia "en la que estuviesen representados todos los grupos políticos de la Asamblea".

"No se tiene constancia de la creación de dicha mesa", lamenta el órgano fiscalizador, que remarca que en dicho acuerdo se aprobó exigir a todos los gerentes, directores y/o presidentes de entes, empresas públicas, sociedades mercantiles y organismos autónomos "que presentasen una declaración de bienes e intereses, incluyendo su declaración de IRPF, desde la fecha de su nombramiento e hicieran lo mismo en el momento del cese de su cargo, haciéndose públicas las mismas" con el mismo éxito: "En el Registro de bienes de la página web de la Ciudad de Ceuta sólo figuran las declaraciones de los diputados y consejeros, pero no los de los gerentes y directores, según se acordó", critica el Tribunal.