Si la coalición Caballas denunciaba este jueves que el Registrador de la Propiedad se negaba a inscribir la plaza Nicaragua como propiedad de la Ciudad Autónoma por irregularidades, este jueves, ha sido Ciudadanos quien ha salido a la palestra para denunciar algunas de esas irregularidades. Y es que, según el portavoz de C’s en la Asamblea, Javier Varga, “la Ciudad licitó, pujó, adjudicó y pagó sin tener por qué hacerlo, podría haberse adjudicado los bienes por el valor de la deuda”. ¿Por qué? Se interrogan desde Ciudadanos apuntando que esto ha supuesto pagar más de un millón más de lo necesario. Y es que, según el artículo 109 de la Ley General de Recaudación, si la subasta quedase desierta, como así fue al tratarse de una parcela de uso dotacional, la Ciudad podría haberse adjudicado la finca por el valor de la deuda y las cargas, es decir, un millón ochocientos mil euros menos de lo pagado.Una posibilidad que ya avanzó Ceutaldia en noviembre , unos días abnes de que la parcela saliera a subasta.

Una situación que no comprende tampoco el Registro de la Propiedad que insta ala Ciudad a que explique porqué decidió pujar cuando no era necesario, en lugar de adjudicarse la finca por el valor de la deuda. “Es un asunto extraño desde el principio que se ha resuelto a gusto de todas las partes”, sospecha Varga. ¿Sospecha de trato de favor”, ha preguntado la prensa, “Esa respuesta la tiene que dar el Gobierno”, rebatió el portavoz de C’s.

Una explicación que ha adelantado ya el Gobierno por medio de su portavoz, Jacob Hachuel, que ha matizado que el registrador no ha rechazado el registro de la parcela sino que ha solicitado documentación “subsanable”, algo que le puede suceder a cualquiera si trata con el Registro de la Propiedad. Así, según explica Hachuel, el registro ha solicitado la peritación de la plaza; pruebas de que el coste no supera el 25 por ciento del Presupuesto de la Ciudad, como exige la Ley de Presupuestos y, la acreditación técnica de que la subasta es el procedimiento adecuado.

Una necesidad de subasta que, explica Hachuel, evita posteriores litigios que habrían dilatado el procedimiento y retrasado el proceso “ocho o diez años”, cuando la prioridad del Gobierno es iniciar los trabajos cuanto antes para hacer realidad una plaza que lleva prometiendo una década.

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