DESARROLLO URBANÍSTICO

La Ciudad, siempre "a las órdenes" de Defensa sobre el suelo militar que necesitan los ceutíes

La Ciudad, siempre "a las órdenes" de Defensa sobre el suelo militar que necesitan los ceutíes
Vivas, junto al comandante general de Ceuta.
Vivas, junto al comandante general de Ceuta.  

El Ministerio de Defensa es, según las fuentes consultadas por Ceutaldia.com, el dueño de al menos 179 edificios, solares y terrenos rústicos que suman una superficie total de 5,89 kilómetros cuadrados (una veintena tienen un tamaño superior a 10 hectáreas), casi exactamente un tercio de una ciudaden la que a la falta de suelo disponible se atribuye repetidamente la mayor pega para desplegar una mayor acción administrativa en lo que a construcción de viviendas o dotación de equipamientos básicos se refiere.

De forma recurente, el Gobierno de la Ciudad y los militares han venido sellando acuerdos que, en la práctica, se han concretado en poca cosa. Caballas es hasta ahora la formación que ha caricaturizado la pompa caqui que adorna cada uno de esos pactos, 'juntos somos mucho más que dos', de Vivas y los interlocutores castrenses de turno: "Defensa pretende única y exclusivamente obtener de la Ciudad la recalificación de sus parcelas más grandes y mejor situadas para hacer caja especulando con el suelo de todos los ceutíes mientras ofrece las migajas que no puede rentabilizar y el Gobierno de la Ciudad, cómplice y servil, se presta al juego", denunció en el Pleno de marzo Juan Luis Aróstegui para indignación del presidente, que se negó a detallar cómo piensa desarrollar el último protocolo suscrito.

En él, el 16 de marzo, Defensa y Ciudad añadieron a la lista de terrenos sobre la que trabajar en su desafectación, cuya relación original data de 2010, algunas como los acuartelamiento 'Coronel Fiscer' y 'Teniente Fuentes Pila', en los que el Ejecutivo local lleva elucubrando con proyectos como un nuevo reciento ferial o un nuevo IES desde hace años; parte del antiguo Hospital Militar; 47.000 metros del Príncipe Alfonso , la ermita de San Antonio o el Castillo San Amaro.

En paralelo, eso sí, los militares han planteado una batería de alegaciones al último borrador de nuevo PGOU sometido a exposición pública, todas ellas "aceptadas a pie juntillas y sin discusión, como los informes sectoriales cuyas directrices se han incorporado al documento". Así lo diagnostican expertos experimentados ubicados muy lejos de la demagogia populista en la que el Gobierno sitúa las críticas al respecto de Caballas.

De acuerdo con la opinión de especialistas a la que ha tenido acceso Ceutaldia.com, "la relación entre la Jefatura de Propiedades Militares y el Ayuntamiento, primero, o la GIED y la Ciudad, después, el estamento municipal nunca ha estado ni ha intentado ponerse a la altura del estamento militar; sino siempre 'a sus órdenes', aceptando sin rechistar las valoraciones castrenses en permutas de terrenos y encajando los goles que en más de una ocasión le han metido los de caqui".

suelo militar príncipe verticalEl último acuerdo no merece opiniones más benévolas. Del documento firmado se resaltó la posibilidad de hacer viable por fin la legalización de viviendas del Príncipe pero “la inmensa mayoría de los terrenos donde se asienta la barriada es de propiedad municipal y tan solo queda en suelo militar una parte de la Agrupación Norte; una pequeña parcela junto al CEIP Santa Amelia, donde está la pista deportiva; y la zona del nuevo vial del Quemadero”.

 

"Nefastos" resultados

A la espera de conocer el “precio simbólico” del que habló el secretario de Estado por esas parcelas, no más alabanzas ha generado el acuerdo para la pista de atletismo, ya que “la costeará la Ciudad dentro de la Base Única”. En relación con este último equipamiento, a los observadores con conocimiento profundo les llama la atención que “la actualización del protocolo suscrito en 2010 por la Ciudad y la Gerencia de Infraestructuras y Defensa tras la firma del segundo Convenio pretende seguir en la línea ya iniciada con el Brull, de nefasto resultado, mediante la permuta de ciertas parcelas militares por recalificaciones urbanísticas en otras”.

Para estos analistas se trata de “una clara maniobra especulativa militar para conseguir a través del INVIED lo que no se alcanza con los Presupuestos del Estado”. Entre tales “artimañas” está precisamente “la eterna construcción de la Base Única, supuestamente esencial y prioritaria para Defensa, cuya ejecución depende de la aportación económica de la Ciudad, que sigue diciendo ‘a sus órdenes”.

Quienes saben del tema están seguros, además, de que la afirmación de que los militares no pueden ceder gratis el terreno que ni necesitan ni usan es, en el mejor de los casos, una media verdad o media mentira: “El Estatuto del INVIED sí prevé en su artículo 49 la cesión gratuita a diferencia de los estatutos de otros organismos anteriores (GIED y GINDEF), que no contemplaban este tipo de enajenaciones”. Literlmente dice que 'los bienes puestos a disposición del INVIED que estén siendo utilizados de manera continua como carreteras, caminos o zonas de distribución de tráfico con carácter público, extraordinariamente podrán ser transmitidos gratuitamente a favor de las Comunidades Autónomas y entidades locales en las que se encuentren ubicados, siempre y cuando no se altere el uso al que venía destinándose".

La conclusión es que “o el secretario de Estado no dice la verdad a sabiendas o desconoce la legislación vigente”, ya que “a tenor de lo establecido por el artículo 49.1 del vigente Real Decreto 924/2015, la Ciudad podría ir solicitando al INVIED la cesión gratuita de todos los viales del Campo Exterior al no formar parte de ninguna parcela, por ejemplo la carretera de Ceuta a Benzú por Hadu y las avenidas Capitán Claudio Vázquez, Otero, Barcelona, África, entre otras.

Explorar "la intervención municipal en el ámbito de sus competencias mediante el planeamiento y la gestión urbanística" y apostar por la búsqueda de cesiones gratuitas y concesiones demaniales, así como los convenios y otras "gestiones" es una alternativa viable a la política actual, a juicio de analistas reconocidos, para que la Ciudad "consiga sus objetivos dotacionales dentro de la ley y sin sufrir una descapitalización económica o patrimonial". Sin embargo, hasta ahora parece haberse limitado a cuadrarse y esperar.