El Consejo de Administración de Emvicesa se reunirá el próximo lunes a con un punto en su Orden del Día: "1. "instar, por incumplimiento de los requisitos de adjudicación establecidos para las viviendas protegidas y finalización del contrato por denegación de la prórroga, las acciones legales oportunas para la resolución de los contratos de arrendamiento y desahucio de los inquilinos de la promoción 45 VP de Serrano Orive", donde solo cuatro de los 37 inquilinos que vieron expirar sus contratos el pasado lunes han devuelto las llaves a la Administración.

Al menos una parte de los que se niegan a salir de ellas han puesto su defensa en manos de uno de los bufetes de abogados más conocidos (y caros) de la ciudad pese a que, según los informes elaborados por la sociedad municipal, "todos los arrendatarios salvo 3 superan la edad de 35 años, requisito de admisión determinante para el grupo de jóvenes destinatarios de la adjudicación".

Además, "al menos 10 de ellos poseen una vivienda en propiedad" y alguno, casi latifundista urbano, es dueño de un mínimo de tres. Otros tres "superan los ingresos máximos previstos para la adjudicación", 5,5 veces el IPREM, es decir, casi 3.000 euros mensuales; y "al menos 2" no tienen constituido su domicilio en la vivienda adjudicada".

"Puesto que el desalojo voluntario no se ha producido, Emvicesa", considera el presidente del Consejo, Juan José Contreras, "debe instar las acciones legales oportunas para recuperar las viviendas, procediendo al desahucio de los ocupantes".

Los inquilinos que se niegan a salir de sus viviendas, entre ellos la vicepresidenta primera de la Asamblea, la socialista Cristina Pérez, que como una hermana fue adjudicataria de una de esas casas de alquiler barato (menos de 200 euros al mes) hace diez años, han respondido al Gobierno con pancartas que le reprochan que no se las haya vendido, como planeó en varias ocasiones a lo largo de la última década.

Sospechas desde hace 7 años

En realidad la Administración ha dejado correr los años pese a que, al menos desde hace siete, según la documentación a la que ha tenido acceso Ceutaldia.com, tiene sospechas fundadas sobre una veintena de arrendatarios en relación con su situación en la promoción. Con algunos, por tener su empadronamiento fijado en otros domicilios. Con otros, por no responder nunca a las llamadas de control. Con el resto, por registrar un consumo de agua caliente insignificante.

La sociedad municipal tiene 8 viviendas disponibles y tapiadas para evitar su okupación desde hace casi un año y con las cuatro cuyas llaves han sido devueltas completa una docena. Tras varios cambios de criterio, la Ciudad quiere que el inmueble siga dedicado a facilitar la emancipación juvenil. A tal efecto prevé convocar un nuevo proceso de adjudicación que exija unos ingresos familiares ponderados de entre 1.300 y 3.000 euros mensuales (de 2,5 a 5,5 veces el IPREM, casi 538 euros al mes).

También ser español o tener residencia  legal  en territorio nacional mediante DNI, NIE o TIE; estar inscrito en el Registro de Demandantes de Vivienda con una antigüedad de 3 meses y empadronado en Ceuta con una antigüedad mínima de 48 meses. Además, cada aspirante tendrá que aportar un certificado catastral  que acredite que no es titular del pleno dominio ó de un derecho real de uso o disfrute sobre alguna otra vivienda sujeta a régimen de protección pública ni de una vivienda libre. Para el cupo de discapacitados se pedirá certificado en vigor de movilidad reducida emitido por el IMSERSO.