VÍA REAL DECRETO LEY

CSIF urge a Sánchez a aprobar la subida salarial para los empleados públicos, casi 10.000 en Ceuta

CSIF urge a Sánchez a aprobar la subida salarial para los empleados públicos, casi 10.000 en Ceuta
Lara, Montero y Ramos, este martes, en la sede de CSIF en Ceuta.
Lara, Montero y Ramos, este martes, en la sede de CSIF en Ceuta.  

La secretaria general de CSIF a nivel nacional, Begoña Montero, ha comparecido este martes en rueda de prensa junto a la líder de la Unión Autonómica desde junio, Estefanía Lara, y el responsable de la Sección Sindical en la Ciudad, Iván Ramos, para urgir de nuevo al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez a usar la vía del Real Decreto Ley, como hace doce meses, para garantizar que los empleados públicos verán actualizados sus sueldos desde el 1 de enero un 2%, tal y como pactó el Ejecutivo con los sindicatos.

En Ceuta la medida afectaría directamente a casi 10.000 trabajadores, más de 8.000 de la Administración General del Estado (entre ellos, más de 3.200 de las Fuerzas Armadas y un millar largo de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil), cerca de 1.500 de la autonómica y 139 de Universidades, según las cifras del último Boletín de Personal del Ministerio de Hacienda.

Montero ha visitado por primera vez la ciudad autónoma para trasladar el "apoyo" de la estructura nacional de la central a sus nuevos responsables en Ceuta y para "agradecer" a Lara que aceptase esa responsabilidad con el objetivo de que la presencia de CSIF sea "cada vez mayor" a este lado del Estrecho y que "los empleados públicos de la ciudad sientan que estamos para respaldarles, para solucionar sus problemas y para reclamar lo que es justo".

"Justo" es, entienden, que el Gobierno socialista "cumpla" lo pactado y separe la "incertidumbre política" de las condiciones salariales de los empleados públicos. "Hay base jurídica para hacerlo y antecedentes como el de diciembre de 2018", ha subrayado Montero, cuyo sindicato hizo llegar este lunes un informe jurídico a La Moncloa que acredita con jurisprudencia del Tribunal Constitucional las razones que justifican la actualización de salarios mediante la vía del Decreto-ley ante la ausencia de Gobierno en firme y la inminente llegada del nuevo año sin Presupuestos Generales del Estado.

La subida salarial está determinada en el II Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo de los empleados públicos” suscrito entre los sindicatos y el Gobierno en 2018 y las medidas se aplicaron de manera sucesiva en 2018 y 2019 por gobiernos del PP y del PSOE. Se trata, por tanto, a su juicio, de "un acto administrativo conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que entraría dentro del denominado despacho ordinario de los asuntos públicos".

Además, según CSIF "el actual Gobierno actualizó los salarios públicos en 2019 amparado por el Real Decreto-ley 24/2018, donde argumentaba la utilización de esta fórmula en base a que concurrían las 'circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución”. "Si concurrieron entonces las premisas de interés general y de urgente necesidad", alegan, "ahora también se siguen dando las mismas circunstancias y aún estando el Gobierno en funciones no existe ninguna limitación legislativa para seguir dilatando la ejecución de dicha subida".