El pánico del Gobierno local del PP a vivir una huelga del sector de limpieza viaria lleva alimentando desde hace años, más de una década, una misma dinámica de resolución de conflictos laborales en la concesionaria del servicio municipal y, por extensión, la planta de tratamiento o la del puerto: la tensión empresa-sindicatos siempre deriva en una amenaza de paro que más o menos cerca de la hora límite desatasca el conflicto.

En sus años de consejera de Medio Ambiente Yolanda Bel ya aceptó sufragar como fuera con dinero público las subidas de sueldo que exigían los representantes de los trabajadores y con los próximos comicios a la vuelta de la esquina no es verosímil un escenario de conflicto que el Ejecutivo local, aunque no sepa ni cuándo rubricó la nueva forma de controlar su contrato, pueda evitar con dinero (ahora es imposible meterle más a la concesión) u otras cosas de por medio.

Además, por alguna razón desconocida la película se hace larga. Las partes se han ido este martes a comer sabiendo que este miércoles las calles no amanecerían llenas de basura pero la foto del acuerdo, la de la firma entre los representantes de la patronal del sector y los sindicatos de un Convenio Colectivo solo para 2018 con un 3,1% de subida (con efecto retroactivo al 1 de enero) y un día de asuntos propios retribuido más, se ha demorado hasta medianoche.

Trace, en conflicto enconado y abierto desde hace más de un año con el Gobierno de Vivas, ha vuelto a retorcer el brazo del Ejecutivo como entonces, exigiendo un nuevo protocolo de evaluación del servicio que pase de revisar si sale un número u otro de operarios a barrer a certificar si las calles están o no limpias.

En realidad, las consecuencias de implantar una "obligación de resultado" va mucho más allá de cómo se controla el desempeño de la adjudicataria del servicio, que factura unos 1,5 millones de euros al mes por su trabajo. En juego está también si el contrato de servicios o de gestión de servicio, clave para determinar si debe extinguirse en febrero del año que viene, determinante a la hora de enfrentar un proceso judicial de ruptura no amistosa.

A finales de abril se firmó ese nuevo protocolo pero el Gobierno simplemente no lo aplicó y siguió quitando parte de las certificaciones a Trace, que se vio bendecida por el hallazgo de un "error formal" en el texto del Convenio que lo dejó en vía muerta. Vuelta al punto de partida: amenaza de huelga y otra vez el mismo compromiso, se supone que en términos iguales o parecidos, a falta de que explicite el Ejecutivo, siempre reacio a la transparencia, qué ha prometido o firmado y si también va a cambiar al plantel de técnicos encargado de velar por la ejecución del contrato.

A medianoche, en Benzú, el ugetista Francisco Mur, presidente del Comité de Trace, ha asegurado no haber estado en la reunión entre empresa y Gobierno y se ha congratulado, sobre todo, por los trabajadores que no percibían el incremento salarial pactado pero no firmado aún, algo que no sucedía en su empresa, que ya había elevado las retribuciones ese 3,1%.

"Nos hemos sentido utilizados porque Trace, la empresa mayoritaria del sector, siempre busca resolver sus problemas con la Ciudad de esta manera", ha lamentado Mur sobre la reiteración de amenazas de huelga, en este caso orientada básicamente a conseguir que el personal de Talher, Urbaser, etcétera vea incrementadas sus remuneraciones en unos 50 euros al mes y perciban sus atrasos.

El secretario del Comité, Juan Gutiérrez, ha tildado de "penosa" esta forma de resolver los conflictos y ha comprendido a la ciudadanía "cansada" de las amenazas de huelga, aunque también ha pedido que se entienda que su "única arma" para "defender los derechos" de las aproximadamente 360 personas que trabajan ahora en Trace y las del resto de empresas del sector.