Casi diez años después (se cumplen el 7 de julio) del sorteo de la promoción de 45 viviendas protegidas en alquiler para jóvenes de Serrano Orive y ocho y medio después de su entrega, Emvicesa sigue trabajando en la 'depuración' de las casas, cuarenta apartamentos de un dormitorio y cinco con dos por los que se ha venido pagando una renta de alrededor de 200 euros mensuales, para volver a darles su uso original.

La sociedad municipal ya había logrado disponer de media docena de casas vacías y ahora prevé, según fuentes del Consejo de Administración de la sociedad municipal, liberar otras doce, las de aquellos titulares que tienen, según se ha comprobado, al menos otra (si no más) vivienda en propiedad.

El plan de la empresa pública pasa porque al menos esas 18 casas vacías o a desalojar se destinen, tal y como se concibió originalmente la promoción, para facilitar la emancipación juvenil en la ciudad. Por decidir todavía está qué hacer con el resto de adjudicatarios, ya que actualmente “todos” superan ya los 35 años.

El Gobierno de Vivas intentó hace dos años una modificación del Acuerdo Plenario adoptado el 21 de febrero de 2005 con el propósito de dejar sin efecto el requisito establecido de destinar las 45 viviendas protegidas de Serrano Orive a “jóvenes menores de 35 años”. De esta forma buscaba “no limitar el acceso de los actuales arrendatarios a la compraventa siempre que cumplan los requisitos previstos en la Resolución del 10 de octubre de 2013 de cambio de régimen de cesión” de alquiler a compraventa.

Entre los controvertidos requisitos establecidos en su momento por la Administración para poder ser seleccionado como arrendatario en esta promoción (la fórmula elegida fue el sorteo) se exigió “acreditar unos ingresos familiares corregidos inferiores a 5,5 pero superiores a 2,5 veces el IPREM”, que en 2010 ascendía a 532,5 euros al mes, según las bases de la convocatoria con el objetivo de “garantizar la suficiente capacidad económica para hacer frente a las necesidades básicas y al pago de la renta”.

También se exigió “ser mayor de edad y menor de 35 años; “acreditar la necesidad de vivienda” y tener “una residencia en Ceuta mínima de 48 meses ininterrumpidos y anteriores a la presentación de la solicitud”.