ABOGACÍA DEL ESTADO

Un informe jurídico dirá si es posible exigir 4 años de empadronamiento para entrar en los Planes de Empleo

Un informe jurídico dirá si es posible exigir 4 años de empadronamiento para entrar en los Planes de Empleo
empadronamiento padrón estadística
empadronamiento padrón estadística  

El Ministerio de Trabajo quiere que, además de ser parados formalmente inscritos como tales, los aspirantes al próximo Plan de Empleo de la Delegación del Gobierno estén obligados a cumplir otro requisito inexcusable para poder ser baremados: “Llevar empadronados, en el momento de su selección, al menos cuatro años en la ciudad". La Comisión Ejecutiva Provincial del SEPE ha dado su visto bueno (con los votos a favor de la Administración, la abstención de UGT y el no de CCOO) a este precepto, incluido ya en una Resolución del Ministerio, pero por si acaso ha acordado pedir un informe jurídico a la Abogacía del Estado para darle carta de naturaleza definitiva.

Comisiones Obreras discrepa radicalmente y no descarta recurrir. El sindicato rechaza la imposición del periodo mínimo de empadronamiento de 48 meses porque, a su juicio, “cualquier requisito más restrictivo que los previstos en la legislación sería contrario a derecho por infracción normativa”. “Podría ser un criterio de selección siempre subordinado a los previstos normativamente, pero nunca requisito de admisión”, avisa.

El Gobierno alega, según su interés confesado, que con este filtro se evitaría la llegada de personas que residen fuera de la ciudad y que vendría atraídas únicamente por estos programas de empleo con los que se prevé que desde final de año se contratará a unas 1.200 personas.

La norma de referencia es una Orden Ministerial de 1997 que considera obligatorio solo “ser desempleados inscritos en la Oficina de Empleo” y contempla tener en cuenta, a partir de ahí, tres factores: “Mayor adecuación al puesto de trabajo ofertado”, “mayores responsabilidades familiares” y “amenaza de paro de larga duración”. Para interpretar esto último se ha regulado prioridad para “quienes acrediten 360 días de inscripción como desempleado en los 18 meses anteriores a la presentación de la oferta de empleo”.

En el baremo se tendrán en cuenta prácticamente los mismos criterios que el año anterior, aunque se suprime el punto que se asignaba a los candidatos con entre 45 y 55 años. Por antigüedad como demandante de empleo se darán 0,1 puntos por cada mes y medio punto por cada año completo.

Las cargas familiares pesarán 0,6 meses por responsabilidad entendiendo como tal “tener a cargo del trabajador desempleado que se contrate el cónyuge, hijos mejores de veintiséis años, mayores incapacitados o menores acogidos”. Quienes sumen más de tres computarán 0,6 puntos adicionales.

Cinco décimas se concederán por curso a los candidatos que los hayan seguido durante los tres últimos años. Finalmente, las personas que no hayan trabajado “en ningún Plan de Empleo” recibirán dos puntos.

Cupos

A partir de ahí, la Comisión ha acordado reservar un 7% de las plazas para personas con discapacidad, un 4% para víctimas de violencia de género, un 1% para reclusos en tercer grado, un 1,8% para drogodependientes, un 0,2% para víctimas de violencia del terrorismo, un 5% para perceptores del Subsidio Extraordinario por Desempleo (SED) y un 15% para ciudadanos que carecen de ingreso alguno o perciben el IMIS.

Se ha eliminado la reserva para mayores de 63 años a los que la incorporación a los Planes permitía reunir las condiciones para acceder a la jubilación, en este caso por “problemas burocráticos y de tiempo” a la hora de recibir la documentación de la Seguridad Social.