Gobierno y Trace hacen cuentas para romper ya su contrato con Tragsa como alternativa temporal

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El Ejecutivo de Vivas maneja informes que, después de decir que no pagaba ni un euro no justificado, situarían lo desembolsado durante cuatro años y medio por servicios no prestados en unos cinco millones y la empresa alega un desequilibrio económico de esa misma cantidad. La Administración sigue barajando la entrada de la sociedad pública estatal hasta que se licite y adjudique otro contrato con dudas sobre la aplicación del Convenio íntegro.

Hasta aquí han llegado. A la relación del Gobierno de Vivas con la concesionaria del servicio público de limpieza viaria y recogida de residuos, Trace, parece que le queda poco más que el finiquito, aunque tampoco será salvo sorpresa un capítulo corto. La empresa no quiere alargar una relación que, asegura, le cuesta dinero, y el PP no está dispuesto a llegar a las elecciones de 2019 con la ciudad echa unos zorros, "muy sucia", según dijo el consejero competente, Fernando Ramos, hace casi dos meses.

Ese fue el plazo que, con la solemnidad que se supone a un compromiso asumido en sede parlamentaria, se dio el Gobierno local el 11 de septiembre para hacer una auditoría y poner negro sobre el blanco el estado de la cuestión pero, a cuatro días, ni hay Comisión Informativa convocada para dar explicaciones a la oposición ni ninguna otra versión oficial más allá de la consabida: "Todas las opciones [menos municipalizar] abiertas".

Según las fuentes de toda solvencia conocedoras del estado de las cosas consultadas por este periódico, el Gobierno, que desde verano ha detraído unos 200.000 euros en varias mensualidades a Trace por trabajos supuestamente no hechos, calcula que en los últimos cuatro años y medio, los que se ha pasado diciendo que no abonaba ni un euro no justificado, ha desembolsado alrededor de cinco millones por servicios no realizados.

Ramos ya explicó en el Pleno en septiembre, en el mismo debate en el que Vivas terció para decir que se estaba "cargando de razones" para meterle mano a Trace, que el Gobierno considera que ha estado pagando certificaciones "a cuenta" y que tiene margen para revisar las facturas y obrar en consecuencia.

La adjudicataria del contrato, elevado ya el 10% máximo legal desde febrero de 2013, argumenta que la prestación le ha dejado ya un agüjero de alrededor de cinco millones de euros, también, que el Ejecutivo estaría obligado a subsanar para llegar a un acuerdo de ruptura por las buenas, sin que el 'divorcio' termine en los Juzgados, final que se presenta como el más probable a ojos de esta parte.

El último conflicto conocido ha venido por la subida salarial del 1% pactada para pagar desde el 1 de enero pasado, acordada supuestamente con el tradicional (ya se hacía ante cada amenaza de huelga con Urbaser) empujón gubernamental a la empresa, que ha reclamado a la Administración que asuma su coste.

Mirando hacia el futuro, para no dejar a la ciudad manga por hombro los meses (o años) que se tarde en licitar y adjudicar un nuevo contrato, el Gobierno sigue manejando la alternativa de dejar el servicio temporalmente en manos de Tragsa, opción que abre la incógnita de si esta empresa pública podría asumir el Convenio Colectivo vigente para Trace, muy superior al de la sociedad estatal no solo en términos salariales sino también en múltiples beneficios sociales para los 370 empleados actuales.