La consejera de Hacienda y Recursos Humanos, Kissy Chandiramani, ha dado este lunes por "aprobada" en la Mesa General de Negociación la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) elaborada por el Ejecutivo que a los sindicatos les parece "vergonzosa e injusta" y ha anunciado que, pese a las amenazas de movilizaciones e incluso de interponer acciones judiciales de la parte social, llevará el documento al Consejo de Gobierno "este viernes o el próximo".

Según ha explicado la propia consejera, los sindicatos consideran que primero habría que valorar los complementos específicos de cada puesto y después aprobar la RPT pero el Gobierno quiere hacerlo al revés y dejar la reunión de la Comisión de Valoración para el 2 de mayo.

"Nosotros entendemos que tenemos que tener un documento de partida que es el que hemos aprobado", ha señalado Chandiramani, que ha cifrado "entre 0,6 y 2 millones de euros" el importe presupuestario que tendría asumir las peticiones sindicales, "cuestión que sin Presupuestos Generales del Estado para 2018 y con limitaciones de la masa salarial es imposible atender".

Las centrales también cree que hay complementos específicos "desorbitados" en algunos casos e injustos en otros pero lo que tampoco está dipuesto a "asumir" el Gobierno es una reducción de las retribuciones que actualmente perciben determinados funcionarios y personal laboral. En la propuesta de la Consejería de Hacienda su cuantía oscila en un horquilla que va de cerca de 500 euros (la que se asigna a un conserje, ordenanza o subalterno) a más de 2.570 euros (asignados al jefe de Protocolo o a inspector de la UIR).

Por encima de los 2.000 euros se sitúan también los complementos específicos de puestos clave de la Administración como los de interventor, tesorero o secretario general, así como el intendente y el superintendente de la Policía Local.

"Se han levantado y se han ido, por lo que entendemos que se han abstenido y que el documento queda aprobado a la espera del acuerdo del Consejo de Gobierno y de la designación de representantes de cada parte para que la Comisión de Valoración se reúna por primera vez el 2 de mayo", ha resumido.

UGT, CCOO y CSIF denuncian que el Gobierno "pretende perpetuar la injusta situación actual y coartar, dando carta de legalidad a la misma, cualquier posibilidad de negociación para subsanarla, así como impedir cualquier tipo de actuación tanto administrativa como judicial que se pudiera emprender en defensa de los empleados públicos".