El Gobierno de Vivas hará "lo que tenga que hacer" con la limpieza pública "le guste o no a Trace"

Trace gestiona el servicio desde febrero de 2013.

El Gobierno de Vivas agotará la próxima semana el primero de los dos meses que se dio en el Pleno del pasado 11 de septiembre para hacer una auditoría a fondo de cómo ha gestionado Trace el servicio de limpieza pública viaria y recogida de basuras. Su portavoz, Jacob Hachuel, ha dejado claro este viernes en la escalada de tensión que se registra entre ambas partes que hará "lo que tenga que hacer" con independencia de que "le guste o no a Trace".

El consejero ha repetido que "todas las opciones legales están sobre la mesa" y que no se descarta "ninguna". Bueno, sí, una, la de la prestación directa del servicio, la de municipalizarlo, que es legal y se ha ejecutado con buenos resultados en otros sitios. "Quizá con otros gobiernos fuese posible pero nosotros ni la contemplamos", ha explicitado Hachuel a petición de Ceutaldia.com para evitar desmentidos posteriores en las Redes Sociales a instancias de los sectores más hiperventilados del PP ceutí, que consideran esa opción un anatema.

Otra opción descartada, esta sí por ilegal, es la de pagar más dinero a Trace porque el Gobierno ya agotó la ampliación del contrato suscrito en 2013 en un 10% adicional pero lejos de mejorar la prestación parece haber empeorado y la ciudad ha pasado de ser "una de las más limpias de España" a estar "muy sucia", según la descripción efectuada por el consejero de Medio Ambiente, Fernando Ramos, en el Pleno.

De momento, los controles con personal técnico y político ordenados por el Ejecutivo han descubierto que al menos desde junio Trace está haciendo "un 20% menos" del trabajo contratado, por lo que ha propuesto pagarle unos 225.000 euros menos cada mes, en total ya cerca de un millón de euros del último cuatrimestre.

Frente a la reacción de la UTE Makerel-Lirola, que ha exigido poder ejercer su derecho a defenderse en los Juzgados y ha advertido a los "técnicos firmantes" de cualquier detracción de la "posible responsabilidad" en la que incurrirían cuando ese dinero va sobre todo a nóminas, Hachuel se ha limitado a decir que "cualquiera puede ir a la Justicia". "Los técnicos podrán equivocarse pero nunca van a cometer una ilegalidad", ha añadido.