PROTECCIÓN INTERNACIONAL

Interior estrena la Oficina de Asilo del Tarajal para entrevistar a los migrantes llegados el viernes

Interior estrena la Oficina de Asilo del Tarajal para entrevistar a los migrantes llegados el viernes
oficina extranjería tarajal
La Oficina de Protección Internacional del Tarajal se inauguró en marzo de 2015, pero nunca se había utilizado hasta ahora.
Extranjería, el Colegio de Abogados, ACNUR y CEAR participan en el procedimiento, que por primera vez no se ha derivado a Otero sino al Tarajal. Las entrevistas individuales, en turnos de tres para acelerar el procedimiento, permitirán formalizar la intención de solicitar protección internacional en España transmitida por la práctica totalidad de las 155 personas que entraron en el salto por Benzú.

El Ministerio del Interior ha estrenado este domingo, cuatro años y medio después de su inauguración oficial, la Oficina de Protección Internacional de la frontera del Tarajal. La Policía Nacional ha trasladado hasta allí a las 8.00 horas desde el CETI a los primeros seis de los 155 migrantes de origen subsahariano que el viernes entraron en la ciudad autónoma tras saltar en grupo el perímetro fronterizo local para que “formalicen” en turnos de tres simultáneos sus solicitudes de asilo y refugio, trámite que en otros casos se ha hecho siempre en las dependencias de Extranjería en Otero.

Gestionar las peticiones por la vía de su concreción en un "puesto fronterizo" y no "en territorio" permitirá acortar de un mes a cuatro días los plazos de respuesta de la Administración con vistas a una posible expulsión exprés en caso de denegación.

Durante el fin de semana la Policía Nacional ha gestionado la identificación de los recién llegados y ha comenzado a realizar pruebas oseométricas a los que han asegurado ser menores de edad, aproximadamente un tercio del total, para intentar corroborar si tienen o no más de 18 años, según han precisado fuentes del dispositivo especial organizado, en el que también participa la Oficina de Extranjería, el Colegio de Abogados, ACNUR y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Fuentes de las entidades intervinientes en los encuentros han augurado que “la práctica totalidad” de los recién llegados formalizará petición de protección internacional, algo que solo hicieron el año pasado 348 de las 2.698 personas que llegaron al CETI, casi todas argelinas, ya que las de origen subsahariano evitaban hacerlo para no ver alargado su periodo de estancia en la ciudad.

El 23 de agosto de 2018 la Policía Nacional de Ceuta devolvió a Marruecos a 116 personas subsaharianas que habían saltado la valla el día anterior. El Ministerio del Interior justificó esta medida alegando la aplicación del Acuerdo Bilateral de Readmisión España-Marruecos de 1992 y aseguró que se había realizado de manera individual, con asistencia letrada y de intérprete. Sin embargo, este procedimiento acelerado impidió “detectar personas en situación de vulnerabilidad o con necesidad de protección internacional”, como constató el Defensor del Pueblo y subrayó CEAR.

Durante 2018 solo pidieron protección internacional en Ceuta 348 de las 2.698 personas que llegaron al CETI, casi todas argelinas, ya que las de origen subsahariano evitaban hacerlo para no ver alargado su periodo de estancia en la ciudad

En las citas personales que se realizarán con cada migrante, la mayoría procedentes de Guinea Conakry, participa un entrevistador de la Administración, un íntérprete, un abogado de oficio y personal de ACNUR “como garante de que se respetan todos los derechos del solicitante y se realiza la solicitud”.

El peticionario debe contestar una serie de preguntas sobre sus datos personales, explicar todas las causas que le llevan a pedir protección internacional y cómo llegó a España. El trámite en puesto fronterizo prescribe que el solicitante debe permanecer allí “hasta que se decida si su petición es admitida a trámite” en un plazo de cuatro días. En caso de denegación el migrante tiene dos para recurrir y las autoridades, otros tantos para responder.

“Si la decisión de este último es negativa, usted deberá abandonar España”, advierte Interior en su guía sobre el procedimiento de asilo y protección subsidiaria, aunque contra las decisiones que no admiten o deniegan una solicitud también cabe “presentar un recurso ante un juez o Tribunal”.

Si la solicitud es admitida a trámite, en frontera o en territorio, pasa a ser examinada con mayor profundidad y las autoridades disponen de un plazo máximo de medio año (que se reduce a tres meses en los casos declarados urgentes) para tomar una decisión. Aunque supuestamente en esa fase los afectados deberían tener libertad de movimiento por territorio español, en Ceuta y Melilla se les documentación válida solo para las ciudades autónomas, criterio cuestionado en reiteradas sentencias judiciales y denunciado año tras año por CEAR.

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