'Invercap' estudia actuar contra la Ciudad por la vía penal por el conflicto del Pasaje Fernández

'Invercap' estudia actuar contra la Ciudad por la vía penal por el conflicto del Pasaje Fernández
Aróstegui, Ali y Maanan, este viernes, en la Asamblea.
Aróstegui, Ali y Maanan, este viernes, en la Asamblea.  

- La empresa responsable del proyecto inmobiliario paralizado tras la expropiación de parte de la finca después del hallazgo de restos arqueológicos carga contra la "pasividad" del Gobierno de Vivas

- "Tres años después seguimos sin cobrar un euro, hecho que consideramos de mucha gravedad por los intereses que se tendrán que pagar a costa de todos los ceutíes", alerta

- Caballas asegura que la Ciudad tiene reclamaciones judiciales pendientes un montante total de "cerca de 50 millones de euros" ante los Tribunales


La empresa 'Invercap', responsable del proyecto inmobiliario del Pasaje Fernández, ha denunciado este viernes en un comunicado que "los expedientes administrativos abiertos por la Ciudad en relación con los daños causados por los hallazgos arqueológicos acaecidos en la finca se han convertido en una senda llena de obstáculos que en definitiva impiden el resarcimiento a la empresa por los daños y perjuicios causados con la paralización de la obra en curso y con la orden de rectificación del proyecto que recibió".

Ante ese panorama, ha puesto en manos del despacho 'Bermor Abogados' el asunto para que lleve las reclamaciones judiciales oportunas, que no se descarta terminen en la vía penal "por presunta prevaricación" ante lo que observa como "el incumplimiento de normas legales en la adopción de resoluciones administrativas y por el propio devenir de los expedientes".

El Consejo de Gobierno ordenó en 2011 la expropiación de parte del solar "sin tener consignado ["como era su obligación" a juicio de la empresa] el dinero para hacer frente a la misma, sumiendo a la sociedad en una negociación de pago que la Administración no podía cumplir".

"A la vez", ha relatado 'Invercap', "inició otro expediente para supuestamente pagar los daños y perjuicios por frustración de la promoción en curso, con lo que entre otras cosas la empresa podría pagar a los compradores a los que no podrá entregar las viviendas comprometidas, que tampoco ha sido resuelto, pretendiendo además la Administración utilizar el tiempo en que la empresa se mostró con voluntad de negociar en beneficio de la Ciudad, para ahora negarle parte de esos derechos".

"El resultado es que hoy, tres años después de haberse iniciado por el Consejo de Gobierno la expropiación, 'Invercap' sigue sin cobrar un euro, hecho que consideramos de mucha gravedad por los intereses que se tendrán que pagar por ese injustificado retraso a costa de todos los ceutíes por la pasividad de los responsables políticos para solventar el problema", ha resumido la empresa.

El portavoz del Ejecutivo local, Emilio Carreira, ha venido señalando durante las últimas semanas en declaraciones a los medios que el caso del Pasaje Fernández presumiblemente acabaría en los Tribunales por la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con la parte privada sobre el "lucro cesante" generado por la expropiación tras el hallazgo de importantes restos arqueológicos. El Gobierno consignó en el último expediente de modificación de créditos 1,6 millones de euros para intentar  resolver este tema.

"50 millones en reclamaciones judiciales"

Este no es, ni mucho menos, el único litigio que tiene a la Ciudad en los Tribunales por iniciativa de distintos deudores. Los diputados del primer grupo de la oposición en la Asamblea, Caballas, han cifrado este viernes en "cerca de 50 millones de euros" lo que distintas empresas piden a la Administración ante la Justicia.

Ali y Aróstegui han explicado que Urbaser reclama casi 3 por las certificaciones del último mes que recogió la basura; que Cadagua pide 4 por la desalación de agua; que el desdoblamiento del Paseo de las Palmeras "ha costado más del doble de lo que se presupuestó y aún no está cerrada la cuenta"...

"Es espeluznante, terrorífico, preocupante, que muchos de estos casos nacen por la mala o irregular gestión política del PP, que lleva a los técnicos a no saber ni entender por qué se acumulan las reclamaciones por intereses, costas...", ha señalado el portavoz localista, que ha adelantado que de perder todos o la mayoría de estas peticiones judiciales "la capacidad de la institución para invertir en servicios e infraestructuras básicas se verá seriamente amenazada".

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