Emvicesa pagó bajo la presidencia de Susana Román 277.000 euros por publicidad que en algunos caso no se llegó a publicar a la empresa editora de El Faro mediante un acuerdo judicial ante una denuncia de la empresa. Lo hizo a pesar de que el servicio no se prestó, que el contrato ofrece dudas y que no había consignación presupuestaria, y también a pesar de que un informe jurídico de los servicios propios de Emvicesa recomendó de forma expresa no pagar unos 90.000 euros correspondientes a 2013. Román asegura que nunca vio un informe jurídico de los servicios de Emvicesa anterior a la presentación del proceso monitorio en los juzgados por parte de la empresa (septiembre de 2013), un informe jurídico que busca la oposición sin encontrarlo. Ante este mar de dudas por resolver, Ceutaldia.com se ha puesto en contacto con el entonces gerente de Emvicesa, Antonio López, quién ha reconocido que él mismo advirtió a Román, como lo había hecho con Martínez de dicho informe.

“A Román le dije: ‘Susana te puedes meter en un problema muy grande porque puede haber una supuesta malversación de fondos públicos y eso está penalizado con cárcel”, se ha explicado López. El ex cargo público asegura sentirse feliz de haber pasado página de su vida política y aunque ya no se considera un personaje público sí considera una obligación rendir cuentas de lo que pasó en el tiempo que estuvo gestionando si surgen dudas como estas.

“Ella soslaya que igual yo me lo inventé, pero se lo advertí a ella”, ha asegurado el propio López a este diario respecto al informe jurídico de Emvicesa. Es seguro que se lo advirtió a Martínez, consta en un escrito del 5 de junio de 2013, apenas tres semanas antes de que Martínez dimitiera. Román heredó “el marrón” y lo resolvió en menos de 5 meses, pero según ella no vio informe contrario al pago de la publicidad de 2013. Román asegura que el único informe jurídico de Emvicesa que vio fue posterior al acuerdo judicial. López sospecha que el informe se ha intentado hacer desaparecer, y pone en duda que alguien sea capaz de dar con él, pero “sí existe”. “Ella todo lo gestiona muy rápido, pero yo le advertí que con esto igual era mejor ir despacio para no meterse en un lío”, apuntilla López.

Y aporta una prueba documental de que Román sabía que había informes propios. El 12 de junio de 2013, sólo una semana después de que López remitiera un escrito advirtiendo de la reclamación (todavía no judicializada) de Montero como Invesceuta) a primera hora de la mañana, la propia Román remite un correo electrónico al entonces gerente de la sociedad municipal:

“Supongo que ya tienes en marcha informe jurídico y financiero sobre contrato de publicidad. Cuando esté, prepara un expediente de reconocimiento de todos a los que les debemos pasta y una propuesta de pago diferido en varias anualidades a todos por igual, para enviarlo a Hacienda y que nos digan”.

Y lo que dijo Hacienda es que no había consignación presupuestaria. Pero lo que dijeron los servicios jurídicos de Emvicesa era que no había que pagar 2013, medio año, unos 90.000 euros, aproximadamente.

Según Román, los informes se encargaron a raíz de la presentación de la reclamación en la vía judicial. Y ahí se encargó un informe a un abogado externo, según la entonces presidenta del Consejo de Administración porque es el proceder habitual cuando hay un litigio, los abogados de la casa no litigan, ni asesoran en contiendas jurídicas. Ese fue el informe externo en base al cuál Román tardó sólo 18 días en pactar el pago de todas las facturas, año y medio, de publicidad presentadas por El Faro, aún cuando no se había prestado el servicio en muchos casos y no había consignación presupuestaria. 64 días escasos desde la presentación de la reclamación judicial hasta el pacto.

Román ideó el Monitorio, según López

El Faro no lograba cobrar las facturas y en esa situación de bloqueo, López asegura que “es a Susana a quien se le ocurre lo del monitorio” ante la línea roja trazada por el interventor.

“El interventor dijo que salvo que se lo ordenara un juez él eso no podía pagar: sin contrato, sin consignación presupuestaria y sin prestación de servicio, no se paga”, hilvana su relato López.

“A Montero se le dice que presente las facturas y el proceso monitorio. Y por eso en diciembre o noviembre, hacia mediados, publica una página entera de publicidad. Pero yo en 2013 avisé en tiempo y forma que el contrato tenía que terminar”, asevera López, a pesar de que un informe de un abogado externo repasa que la notificación no se hizo a la empresa correcta ni con los 60 días de antelación que requería.

En esa época, el editor del diario no aflojó su presión sobre los responsables políticos para que pagaran esa publicidad, que en algunos casos no se llegó a publicar y que, según recoge el informe externo encargado a un abogado una vez presentado la reclamación judicial dejaba la culpa de la no publicación en Emvicesa.

“De aquella, Montero estaba todos los días en mi despacho y en el de Román, insistiendo para que le pagáramos las facturas. Era una situación de acoso”, rememora López.

Y la presión dio resultados, la propia Román acordó una reunión en el despacho del editor para ver cómo se solucionaba la situación y pagarle, lo hizo 17 días antes de cerrar el acuerdo judicial y uno después de recibir el informe del abogado externo que recomendó pagar todas las facturas, también las de 2013.

Así se expresó Román en otro correo remitido al propio López el 11 de noviembre de 2013:

“Dos asuntos estrella, Rafa y los talones. Respecto a lo último, mira a ver si vienes por aquí a Intervención y este tío te firma. Sino me dices. No han parado ni el viernes tarde. Rafa, a ver cómo toreamos, lo vi el viernes y hablamos de vernos en su despacho a la una. Vente antes y a ver qué propuesta le hacemos”, recoge el correo.

La propuesta fue pactar el pago.

Según López, lo del Monitorio “sale bien” porque el expediente que va al juzgado no lleva el informe jurídico anterior al monitorio y que se reiteraría en febrero de 2014. Según López, el departamento jurídico de Emvicesa recogía en dicho informe que “no hay servicio prestado y no hay consignación presupuestaria”, como obstáculos más insalvables para pagar las facturas.

Vivas

El relato que hilvana el ex viceconsejero de Vivienda, Antonio López, de lo sucedido con los 277.000 euros que finalmente terminó pagando Emvicesa a la empresa editora del diario El Faro, Joaquín Ferrer y Cia, señala al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, como autor intelectual de la instrucción y a la entonces consejera de Fomento, Susana Román, como ejecutora, a la que él ayudó no sin avisarla de las muchas dificultades legales que había que salvar en el camino.

“Era la época en la que llegó la crisis. Había que recortar y se decidió eliminar la publicidad. Pero nadie quería ser quien se peleara con Rafael Montero y con El Faro”, contextualiza López.

El ex diputado del Partido Popular resume así lo sucedido a partir de 2011, cuando el Gobierno de Vivas se acogió a un ventajoso crédito ICO de más de 80 millones dentro del fondo extraordinario para pagar a proveedores habilitado por el Gobierno de la nación para autonomías, diputaciones y ayuntamientos. A cambio, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, exigió recortes y planes de ajuste. El de la Ciudad recortó la publicidad institucional segándola a casi la mitad y la eliminó de todas las sociedades municipales. ¿De todas? No. “La idea era mantener un pago desde Procesa a El Faro y otro desde Emvicesa a El Pueblo”, explica López.

Lo que es seguro es que el Gobierno de la Ciudad no incluyó en sus presupuestos generales para el año 2012 y tampoco para el 2013 consignación económica para ningún pago en publicidad al diario decano desde Emvicesa. El propio Martínez así lo afirmó en el otoño de 2012 al ser interpelado por el concejal de Caballas, Juan Luis Aróstegui.

En ese contexto, el Gobierno de la Ciudad llevó adelante un Plan de Comunicación que preveía un concurso para la publicidad en los medios escritos impresos en papel. Sólo podía quedar uno. Previsiblemente El Faro, habida cuenta que El Pueblo fue incapaz de cumplir los requisitos que le exigía la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD), el ente por excelencia en la medición de tiradas y difusiones de la prensa escrita, creado por el propio sector a mediados del pasado siglo para contar con una herramienta fiable para medir lectores y servir tanto a los editores como a los anunciantes para saber qué se contrataba.

Es entonces cuando, el diario El Pueblo viró su línea editorial y pasó de enviar a su director a repartir pasquines tildando a Aróstegui de racista en El Príncipe en plena campaña electoral autonómica (mayo de 2011) a sacar en portada una gran foto de Vivas sentado en su sillón de presidente de la Asamblea en el que le acusaba de haber cometido prevaricación en la fiscalización del contrato de Urbaser de recogida de basuras.

“El Pueblo inició aquella campaña de acoso y derribo. Todos los días le tocaba a alguien: A Guillermo, al presidente, al de turno. Y como El Faro fue el único que se mantuvo defendiendo al Gobierno, el presidente ordenó que se compensara a Montero pagándole a través de Emvicesa. Y nos lo encargó a Román y a mí”, explica López.

“Todo verbalmente claro, teníamos confianza, pero ninguno éramos tontos”, remata esta parte del relato.

Además, Montero descubrió que Emvicesa había pagado a El Pueblo por publicidad una cantidad que le permitió sobrevivir en un momento especialmente delicado en el que supuestamente el Gobierno le había reducido mucho la publicidad de la Ciudad Autónoma. Lo que provocó el enfado del empresario y la reclamación correspondiente ante el presidente.

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