ABOGACÍA DEL ESTADO

Los parados que no lleven empadronados en Ceuta desde 2015, fuera del Plan de Empleo de Delegación

Los parados que no lleven empadronados en Ceuta desde 2015, fuera del Plan de Empleo de Delegación
Imagen de recurso.
Imagen de recurso.  

"Los trabajadores seleccionados deberán, en el momento de su selección, llevar empadronados al menos cuatro años en la ciudad". La Abogacía del Estado no ha puesto impedimento legal esta semana en el informe que ha elaborado a petición de la Comisión Ejecutiva del SEPE de Ceuta a esa coletilla con efectos de requisito introducida por el Ministerio de Trabajo en la Resolución por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito de colaboración con órganos de la Administración General del Estado que contraten trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social.

Para sostener su posición, la Abogacía se ha apoyado entre otras fuentes en una sentencia del TSJA de 2017 que concluyó que la exigencia de empadronamiento “no puede considerarse discriminatoria teniendo en cuenta que la convocatoria iba destinada a la contratación de trabajadores desempleados de Ceuta, entre ellos los de larga duración”, y que “las normas y criterios sobre selección del personal incluido en los denominados Planes de Empleo fueron previamente fijados y aprobados por el SEPE y publicados en el BOCCE" sin impugnación.

Es decir, quienes no lleven al menos desde finales de 2015 empadronados en Ceuta no podrán acceder a los Planes de Empleo con los que la Delegación todavía cree poder tener trabajando a unos 1.200 parados el 1 de noviembre, aunque el paso del tiempo cada día amenaza más con atropellar esa previsión.

Pese a los reparos de CCOO y las dudas del resto de miembros de la Comisión, la Abogacía del Estado ha considerado que no existe capacidad para retocar la Resolución ministerial. A ojos de Comisiones, sin embargo, “cualquier requisito más restrictivo que los previstos en la legislación sería contrario a derecho por infracción normativa”. “Podría ser un criterio de selección siempre subordinado a los previstos normativamente, pero nunca requisito de admisión”, opinó la central sin éxito.

La norma de referencia es una Orden Ministerial de 1997 que considera obligatorio a los potenciales beneficiarios de los programas “ser desempleados inscritos en la Oficina de Empleo”. A partir de ahí contempla tres factores de selección: “Mayor adecuación al puesto de trabajo ofertado”, “mayores responsabilidades familiares” y “amenaza de paro de larga duración”. Para interpretar esto último se va a dar prioridad a “quienes acrediten 360 días de inscripción como desempleado en los 18 meses anteriores a la presentación de la oferta de empleo”.

Baremo y cupos

En el baremo se tendrán en cuenta prácticamente los mismos criterios que el año anterior, aunque se suprime el punto que se asignaba a los candidatos con entre 45 y 55 años. Por antigüedad como demandante de empleo se darán 0,1 puntos por cada mes y medio punto por cada año completo. Las cargas familiares pesarán 0,6 meses por responsabilidad entendiendo como tal “tener a cargo del trabajador desempleado que se contrate el cónyuge, hijos mejores de veintiséis años, mayores incapacitados o menores acogidos”.

Quienes sumen más de tres computarán 0,6 puntos adicionales. Cinco décimas se concederán por curso a los candidatos que los hayan seguido durante los tres últimos años. Finalmente, las personas que no hayan trabajado “en ningún Plan de Empleo” recibirán dos puntos.

Un cupo del 7% se va a reservar de las plazas para personas con discapacidad, un 4% para víctimas de violencia de género, un 1% para reclusos en tercer grado, un 1,8% para drogodependientes, un 0,2% para víctimas de violencia del terrorismo, un 5% para perceptores del Subsidio Extraordinario por Desempleo (SED) y un 15% para ciudadanos que carecen de ingreso alguno o perciben el IMIS.

Se ha eliminado la reserva para mayores de 63 años a los que la incorporación a los Planes permitía reunir las condiciones para acceder a la jubilación, en este caso por “problemas burocráticos y de tiempo” a la hora de recibir la documentación de la Seguridad Social.