El Pleno de la Asamblea ha aprobado este martes con los votos a favor del PP, Vox y Caballas y a propuesta del PSOE (el MDyC se ha abstenido) que los trabajadores que realizan funciones de superior categoría en la Administración local "puedan consolidar los derechos inherentes a la misma" pese a las críticas que el Tribunal de Cuentas (TCu) ha solido plantear a esta forma de gestionar los recursos humanos de la Ciudad.

El consejero de Recursos Humanos, Alberto Gaitán, ha asegurado que iniciará de inmediato una negociación al respecto con los sindicatos que "llevará su tiempo" y ha defendido el trabajo realizado por los Ejecutivos del PP para "poner en marcha la elaboración definitiva y urgente de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para el personal de la Ciudad Autónoma", la otra reivindicación de los socialistas.

Los socialistas han demandado "que se promueva un proceso de desprovisionalización de los puestos de trabajo de superiores categorías que culmine con nombramientos definitivos que den estabilidad tanto a los empleados como a la propia institución".

Gaitán ha dicho que ahora solo hay "una veintena" pero en su último informe sobre la Ciudad el Tribunal de Cuentas aseguraba que "en el ejercicio 2016 la Administración General de la Ciudad mantenía un total de 68 trabajadores, un 5% de su plantilla, que desempeñaban puestos de superior categoría y fueron retribuidos por la diferencia de valor de las retribuciones complementarias entre el puesto de trabajo accidentalmente desempeñado y el sustituido".

Desde el punto de vista del órgano fiscalizador, "la práctica habitual y permanente de destinar trabajadores a tareas correspondientes a categorías superiores a la suya, además de suponer una importante carencia y debilidad en la planificación de los recursos humanos de la Ciudad, contraviene el carácter coyuntural y accidental establecido para dichas retribuciones en el acuerdo y en el convenio colectivo".

Antes del debate de esta iniciativa se ha discutido una enmienda con cierto tono instrumental del MDyC a la misma que, además de limitar a 8 meses el tiempo para ejecutar las propuestas socialistas, ha forzado a tratar la negativa del PP y el PSOE a incluir en el Orden del Día de este Pleno su aspiración de que las competencias de la Corporación cedidas en 1995 al Consejo de Gobierno sean recuperadas por la Cámara autonómica. Tanto Vox como Caballas han lamentado su rechazo.