El Pleno de la Asamblea ha aprobado con el voto en contra de Caballas y la abstención del PSOE la modificación definitiva del Estudio de Detalle denominado ‘Manzana de la Iglesia de Los Remedios’, una propuesta defendida por la consejera de Fomento, Susana Román, “para devolver el equilibrio en términos de metros cuadrados a cada una de las partes en litigio” en la zona, donde inicialmente se iba a promover un gran inmueble de once plantas que finalmente quedará dividido entre el ya levantado y otro de seis pisos todavía no construido a la espera de que el promotor llegue a un acuerdo con los propietarios de la finca vecina al templo.

Román ha negado que la Ciudad favorezca con ello "a ninguna parte" porque “se devuelve el volumen de edificabilidad que le corresponde por ley a la finca en conflicto y se propone una solución urbanística sin hacer desaparecer la plaza pública que deberán hacer sí o sí”. “Es una solución de equilibrio que dé satisfacción a todos los ciudadanos para que esa zona quede urbanizada con una plaza, aunque más pequeña”, ha apuntado.

Según Aróstegui, sin embargo, en el expediente existe "una concesión de parte ilegal”. “Se dice textualmente que ‘se trata de resolver problemas de particulares de manera que nadie se considere perjudicado en sus legítimos intereses sin que tenga justificación urbanística ni de interés general”, ha leído el diputado localista, quien ha acusado a los Populares de querer “desordenar” urbanísticamente la ciudad.

El Estudio original contemplaba un gran edificio de once plantas que ahora se muta por el existente más otro de seis plantas “con un callejón del lobo por el medio”. “Nosotros no estamos aquí para resolver los problemas de una promotora”, ha advertido el portavoz accidental del primer grupo de la oposición, que ha apreciado “múltiples errores” de la Administración en este caso.

“Ustedes con la ley en la mano deben demoler ese edificio porque han concedido una licencia que no se ajusta a la ilegalidad, pero como eso es un disparate deshacemos lo andado, donde dije digo digo diego y donde había una zona bien concebida urbanísticamente hablando la convertimos en un bodrio”, ha denunciado. Aróstegui ha subrayado que “la estética, la habitabilidad, forma parte del patrimonio de los ceutíes y estamos aquí para defenderlo, no para que un promotor construya un metro más o menos”. “Ustedes resuelven el problema de una persona a cambio de destrozar la calle Real para toda la vida”, ha censurado.

"La plaza pública no desaparece"

Román ha negado con brío que desaparezca la plaza pública contemplada en el primer Estudio de Detalle y ha reconocido que las partes privadas involucradas vulneraron el planteamiento, pero también que las alegaciones no aparecieron hasta tres años después. “Queremos dar amparo al promotor privado, a los propietarios de la finca anexa, a los adquirientes y a los ciudadanos”, ha resumido.

El portavoz socialista, José Antonio Carracao, se ha negado a apoyar la propuesta al ver frustrada su “esperanza” de que la plaza pública original se conservase. “Este era un litigio en el que cada uno pretendía sacar el mayor beneficio, pero la mediación debe ser neutral”, ha opinado Carracao, quien ha recordado que hay 40 familias esperando sus viviendas y presuntos agraviados que han entablado un nuevo conflicto judicial en el que denuncia la existencia de multitud de supuestas irregularidades del Gobierno local a favor del promotor.

“El proceso es farragoso y no sirve para los intereses generales, sino para los de parte y en contra de una de ellas, pero tampoco podemos ir en contra de los compradores”, ha justificado Carracao su abstención.

“A mí me parece lamentable la situación de los compradores, que no pidieron permiso al Pleno para adquirir las casas, pero no se puede desordenar la ciudad para resolver los problemas de unas personas”, ha insistido Aróstegui durante su dúplica, en la que ha recordado al Gobierno que aunque el interés general “no tenga un rostro ni nos abuchee cuando nos ve la calle” es “para lo que estamos aquí para defender”. El socialista se ha mostrado más comprensivo con el problema de los particulares involucrados que llevan meses esperando sus viviendas.