El "principio de buena fe" y la 'bolsa de horas' de la Ciudad

Imagen de recurso.

El pacto suscrito en 2012 entre el Gobierno, UGT y CCOO para mantener el cobro íntegro del plus de jornada especial en determinados servicios especiales se asentaba sobre la disposición de todas las partes a cumplirlo con buena voluntad pero ha quebrado, según la fuente, por falta de previsión o de disposición para no escaquearse.

En lo peor del temporal de la crisis, pasado el verano de 2012, vadeando el río de la ampliación obligada de jornada de 35 a 37,5 horas semanales, el Gobierno de Ceuta, UGT y CCOO alcanzaron un acuerdo para permitir a unos 440 empleados públicos de la Policía Local, Bomberos, Bibliotecas, Menores, Cementerios, etcétera, recuperar el plus íntegro de jornada especial y cobrar por trabajar cada semana 40 horas e ir acumulando 2,5 cada siete días para cubrir otros servicios a coste cero para la Administración.

Cinco años después, el pacto se puede considerar 'bueno' o 'malo' según a quien se pregunte y cómo lo mire. Por un lado, ha permitido a los beneficiarios seguir cobrando unos 1.700 euros anuales que de otra forma hubiesen perdido en todo o en parte, en función de las horas extraordinarias que hubiese tenido que trabajar y cobrar individualmente.

Para algunos, hacer un festivo al año 'gratis' a cambio de mantener esos ingresos vale la pena porque sin acuerdo habría que hacer cerca de diez para obtener el mismo rendimiento económico (182 euros por día, según las sentencias recibidas). Para otros, el cambio siempre habrá sido a peor si se compara con el marco previo, pues se trabaja más por el mismo o menos dinero, ya que las horas extraordinarias que antes se facturaban en las fechas más señaladas del año desde entonces son 'a coste cero' para la Administración.

El documento suscrito hace un lustro no exige a ningún departamento la realización de un número concreto de horas equivalente al de las generadas para la 'bolsa' y sí "que no suponga una carga excesiva" para los empleados. En el caso de la Policía Local, sus agentes quedaron obligados a “garantizar” la adecuada cobertura de las Cabalgatas de Reyes y Carnaval, Semana Santa, Feria, San Antonio, Corpus Christi, La Mochila, los rezos colectivos, la festividad del Carmen, el día de la Patrona, La Mochila, eventos deportivos, San Juan y poco más.

 

 

 

 

 

En Bomberos, por ejemplo, la ‘bolsa’ se usa para cubrir los servicios de montes de todo el verano y no puede haber ningún bombero de permiso durante la Feria ni descansar en julio y agosto salvo descanso anual.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Cementerios la plantilla debe reforzar las necesidades todos los fines de semana y festivos y las jornadas de especial afluencia, como el personal de Bibliotecas en esas dependencias o el de Museos en las suyas. La ‘bolsa’ también se extendió para personal de Menores, los conductores de Presidencia y trabajadores de la Residencia de Mayores, Casa de Acogida, Juventud, controladores de basuras, etcétera.

La distribución de los servicios a realizar a coste cero debe realizarse, según se acordó literalmente, “por la Jefatura de Servicio respectiva al comenzar cada ejercicio realizando las modificaciones que sean necesarias como consecuencia de las necesidades que pueda ocasionar el calendario rigiendo el principio de buena fe por ambas partes”. Además, se estipula que “la gestión se realizará de forma ordenada y con la suficiente previsión por parte de la Jefatura de Servicio respectiva, quedando cualquier otro servicio extraordinario no contemplado en este documento fuera de la cobertura de dicha bolsa horaria”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuatro agentes han visto reconocido en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo su derecho a cobrar 182 euros por trabajar un 1 de noviembre, sentencias contra la Administración que esta recibió primero con la intención de revocar el acuerdo y finalmente, informe jurídico de por medio, con la decisión de pagar a los denunciantes pero a cambio de quitarles de la nómina de este mes los 1.700 del plus de ‘bolsa’ de ese mismo año.

Según CSIF, el acuerdo cojea porque el Gobierno y Recursos Humanos nunca han sido capaces de ordenar la prestación de los servicios a coste cero en festivos antes del 31 de diciembre del año anterior, con lo que “muchas” veces se han alterado e interrumpido descansos y vacaciones bajo “amenaza” y con escasa antelación.

Otras fuentes, aún reconociendo que la programación debería ser anual porque sí está establecido pese a no ser “fácil”, denuncian que la “buena fe” falló también o primero por parte de algunos funcionarios, concretamente policías locales, que “sistemáticamente” faltaban a su obligación de hacer un festivo ‘gratis’, con lo que debía hacerlo otro en su lugar, ante lo que se acabó tomando una decisión drástica: adjudicarles el siguiente del calendario aunque no estuviera agendado con la anterioridad literalmente exigible.

Un misterio sin respuesta es cómo se arriesgaron los recurrentes a perder todo el 50% del plus de jornada especial de un año, los referidos 1.700 euros, para cobrar una décima parte, 182. "Quien les asesoró y les animó a denunciar debería hacerse cargo ahora de la factura", apuntan algunas fuentes. Otras temen que si la escalada judicial continúa las consecuencias sean "mucho peores" para todos.