Los promotores inmobiliarios dicen que habría que demoler y no "legalizar" las viviendas irregulares

Los promotores inmobiliarios dicen que habría que demoler y no "legalizar" las viviendas irregulares
La consejera, en una imagen de archivo.
La consejera, en una imagen de archivo.  

- El colectivo, "perplejo", ante la redacción de la Ordenanza consensuada por el PP y Caballas en la Asamblea, articulado al que también se opone el delegado del Gobierno

- Denuncian que eximir de la Cédula de Habitabilidad a casas 'ilegales' para darles suministros básicos sería "un 'premio' en forma de documento administrativo que quienes incumplen y no pagan impuestos harán valer ante cualquier instancia"

- Repudian una "amnistía de hecho" que supone que "no ya sólo no se va a demoler, que sería lo lógico, sino que los incumplidores no abonarán IBI, no les figurará en la Renta y se consolidará la falta de desarrollo urbanístico de la Ciudad"


La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Ceuta está más cerca del delegado del Gobierno, Francisco Antonio González Pérez, que del Gobierno de la Ciudad y el primer grupo de la oposición, la coalición Caballas, que aprobaron en el Pleno una Ordenanza Reguladora de la concesión de la Cédula de Habitabilidad cuyo texto, según esta parte del sector, "supone legalizar por la vía de hecho la situación ilegal de multitud de viviendas".

"Valoramos muy positivamente que en las viviendas de reciente construcción se suprima la obligatoriedad de la obtención de la Cédula de Habitabilidad, ya que han debido superar varias inspecciones administrativas tales como la concesión de la licencia, las licencias utilización por parte de diversos organismos, la idoneidad de las instalaciones con las empresas suministradoras, así como la obtención de la licencia de primera ocupación", ha señalado el colectivo, que se ha confesado "perplejo" ante "la redacción que se ha dado al artículo 13 de dicha Ordenanza y su mera existencia".

Dicho apartado establece que 'En aquellas construcciones realizadas sin la preceptiva licencia que no fueren legalizables por ser contrarias al planeamiento urbanístico, se podrá autorizar con carácter excepcional, previo informe favorable de los Servicios Técnicos, la contratación de los servicios básicos con las compañías suministradoras hasta tanto se resuelva el procedimiento para la regularización de las construcciones de acuerdo al desarrollo del planeamiento urbanístico'.

A juicio de los promotores, con esta redacción "se produce un agravio comparativo con quien asumiendo el máximo esfuerzo de ahorro y restricciones en la renta disponible adquiere una vivienda 'legal' sometida a todo tipo de tasas, impuestos, dotación para instalaciones de suministro, principalmente eléctrico, etcétera, todo ello repercutido en el precio de la misma".

"Es un 'premio' otorgado a través de un documento administrativo que harán sin duda valer en cualquier instancia a quienes, incumpliendo la legalidad, sin pagar impuestos ni tasas, construyen una vivienda ilegal", se ha llevado las manos a la cabeza la asociación, que augura que "al final tendrán de hecho acceso al suministro como si la vivienda hubiera sido ejecutada por otro administrado cumplidor del planeamiento".

"Tampoco nos confortaría", ha advertido el colectivo, "que la medida tuviera un carácter temporal, ya que todos los que vivimos y trabajamos aquí sabemos que será del todo imposible que transcurrido un periodo de tiempo y aunque el expediente de regularización fuera desestimado nadie, ningún trabajador de ninguna empresa, va a cortarle el suministro al que incumplió la Ley".

 

"Lo lógico sería demoler"

Por todo ello, la asociación ha solicitado "encarecidamente" que "desaparezca" del texto el mencionado artículo 13 en su totalidad, "el cual ya en su enunciado habla de Régimen Especial, es decir, dotar de un suministro a una vivienda ilegal cuando tanto esfuerzo y sacrificio les cuesta a otros conciudadanos".

"Comprendemos las muchas restricciones, impuestos, gravámenes, tiempo, dinero, etcétera, que hay que superar y emplear en desarrollar una promoción de viviendas acorde con la legalidad y los reglamentos de las compañías. Lo que no podemos comprender es la concesión de hecho de una 'amnistía' legal a todos los que han edificado sin atenerse a la legalidad", ha reflexionado en una nota a los medios en la que ha alertado de que "no es ya sólo el hecho de que se haya construido sin licencia o que no se vayan a demoler, que sería lo lógico por haberse construido en suelo no clasificado, es que se le va a otorgar por la vía de hecho un beneficio al que creemos que no tienen derecho".

"Esas personas, al final, tendrán los suministros en igualdad con los cumplidores, pero con una diferencia: no abonarán IBI, no les figurará en la Renta y se consolidará la falta de desarrollo urbanístico de la Ciudad, tan mimado cuando de cumplir la legalidad vigente se trata", han remachado los promotores.

Tras conocer la postura de la Delegación y la persistencia de Caballas en la necesidad de que la Ordenanza sobreviva tal y como está redactada, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha asegurado que se hará "lo que digan los técnicos".

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