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El Registro de la Propiedad exige al Gobierno que aclare los números de la compra de Plaza Nicaragua

El Registro de la Propiedad exige al Gobierno que aclare los números de la compra de Plaza Nicaragua
Plaza Nicaragua
Imagen de la zona.

El Registro de la Propiedad de Ceuta ha instado al Gobierno de Vivs a expresar "con claridad" los números de la compra de las parcelas de Plaza Nicaragua para proceder a la cancelación de hipotecas. Así consta en la calificación negativa que ha emitido sobre la escritura de las fincas adquiridas por subasta, en la que no le encajan las cifras que recogen los distintos documentos aportados por el Gobierno local, a cuyo consejero de Fomento, Néstor García, ha acusado Caballas de “mentir” por “intentar minimizar ante la opinión pública el rechazo recibido a la operación planteada”.

El registrador detalla que “del examen de los libros resulta que las fincas se hallan gravadas con sendas hipotecas por importe de 1,1 y 0,9 millones de euros, respectivamente”. Sin embargo, “dichas cantidades no coinciden con las expresadas en la escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca, en la que se especifican dos diferentes cuantías”. Así, el que se afirma como “saldo deudor” derivado del préstamo garantizado con hipoteca “es de 1,69 millones de euros” y el pago “efectivamente realizado” por la Administración local “es de 1,01 millones”.

“Ninguna de estas cantidades coinciden con las inscritas”, concluye en su resolución, que “suspende” la cancelación solicitada “por el defecto subsanable de no expresarse con claridad el objeto de la cancelación”, así como la cancelación parcial “en el caso de que se entienda que existe solicitud” en esos términos.

Contra la calificación del Registro de la Propiedad cabe la interposición de recurso gubernativo en la Dirección General o ante los órganos competentes de la jurisdicción civil. La Ciudad también puede pedir la intervención de un registrador sustituto. Entretanto, el asiento de presentación de las fincas queda “automáticamente prorrogado”.

Mohamed Ali ha denunciado que el Registro de la Propiedad había devuelto “por segunda vez” el expediente de Plaza Nicaragua, un espacio que a su juicio el Gobierno debería haber “expropiado” y no adquirirlo por subasta “asumiendo un coste de un millón de euros para las arcas públicas que podría haber evitado”. Según el Gobierno de Vivas, sin embargo, las fincas registrales que configuran la Plaza Nicaragua “ya se encuentran inscritas a favor de la Ciudad Autónoma, siendo a todas luces incontestable que la Ciudad es la propietaria de estas parcelas”.

De acuerdo con su versión, lo único que “estudian” los servicios jurídicos tanto de la Ciudad como de la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), como anterior propietario, es “la subsanación de los defectos de forma que el registrador ha detectado en la inscripción de la escritura de la cancelación de la hipoteca, que no en la de propiedad”. Para Caballas ambas “van de la mano”.

La operación de compra

La Ciudad accedió a finales del año pasado tras una subasta a la propiedad de dos fincas registrales de Plaza Nicaragua valoradas en 4.08 millones de euros por un arquitecto independiente nombrado por el COACE, a cambio de 2.82 millones de euros, “ahorrando” según el Gobierno a las arcas públicas más de 1.25 millones de euros a los que habría que añadir el cobro de deudas en ejecutiva por cerca de 0.8 millones de euros.

Las parcelas fueron subastadas efectivamente por Servicios Tributarios de Ceuta en la sustanciación del procedimiento de apremio seguido contra ‘Vista Mirador Dueñas’. Según el Ejecutivo, en ese momento no se podía expropiar y no haber participado en la subasta hubiese dado pie al “riesgo” de que “cualquier persona, física o jurídica se hubiera adjudicado el bien por 1 céntimo, ante lo que la Administración no podía hacer nada para, a continuación, sabiendo las necesidades de la Ciudad, intentar vendérselo u obligar a un trámite de expropiación”.

La Ciudad optó por asumir 3,4 millones de remate más cargas “ahorrando más de 600.000 euros” y, gracias a las gestiones con SAREB, consiguió rebajar la cancelación de la carga hasta 1,01 millones, “un ahorro adicional de otros 656.874 euros”.

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