FIN DE CONTRATOS

Solo un inquilino de Serrano Orive devuelve las llaves y Emvicesa planea llevar a los Juzgados al resto

Solo un inquilino de Serrano Orive devuelve las llaves y Emvicesa planea llevar a los Juzgados al resto
Los inquilinos de Serrano Orive han respondido al final de sus contratos con pancartas contra la Ciudad.
Los inquilinos de Serrano Orive han respondido al final de sus contratos con pancartas contra la Ciudad.  
Los gestores de la sociedad municipal pedirán autorización a su Consejo de Administración para emprender acciones legales contra los 36 adjudicatarios que no han abandonado las casas públicas de alquiler para jóvenes este lunes, el plazo límite establecido por el vencimiento de sus contratos.

La cuenta atrás establecida por la Ciudad Autónoma para vaciar la promoción de 45 VPO de Serrano Orive ha finalizado este lunes y solo uno de sus 37 inqulinos (8 viviendas permanecen vacías y tapiadas desde hace casi un año ha entregado) las llaves. Este 20 de enero vencían los últimos contratos de alquiler suscritos con la Administración.

El único que ha cumplido lo requerido estaba, como los demás habitantes del inmueble, fuera de norma: 35 tienen ya más de 35 años, el límite establecido para vivir en esas casas construidas, adjudicadas y entregadas hace una década con el objetivo de facilitar la emancipación de jóvenes.

Otros diez poseen al menos una vivienda en propiedad y dos no tienen constituido su domicilio en su casa de Serrano Orive. Al final de sus contratos han respondido con un gran número de pancartas arremetiendo contra el Gobierno y algunos grupos de la oposición por no haberles vendido las casas.

Según han informado fuentes del Ejecutivo local, los responsables de la sociedad municipal van a pedir a su Consejo de Administración autorización para emprender acciones legales contra los inquilinos que no han abandonado las viviendas, por las que han venido abonando durante una década rentas fuera de mercado alrededor de 200 euros mensuales, con el fin de que la Justicia ordene su desalojo.

La Comisión Local de la Vivienda ya tiene bases para ir adjudicando las casas vacías y la que vayan librerándose. Se exigirá a los candidatos a ocuparlas unos ingresos familiares ponderados de entre 1.300 y 3.000 euros mensuales (de 2,5 a 5,5 veces el IPREM, casi 538 euros al mes). También ser español o tener residencia  legal  en territorio nacional mediante DNI, NIE o TIE; estar inscrito en el Registro de Demandantes de Vivienda con una antigüedad de 3 meses y empadronado en Ceuta con una antigüedad mínima de 48 meses.

Además, cada aspirante tendrá que aportar un certificado catastral  que acredite que no es titular del pleno dominio ó de un derecho real de uso o disfrute sobre alguna otra vivienda sujeta a régimen de protección pública ni de una vivienda libre. Para el cupo de discapacitados se pedirá certificado en vigor de movilidad reducida emitido por el IMSERSO.

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