FISCALIZACIÓN

El TCu detecta que la Ciudad ha pagado a la Fundación Gerón por plazas residenciales sin ocupar

El TCu detecta que la Ciudad ha pagado a la Fundación Gerón por plazas residenciales sin ocupar
Imagen de recurso.
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El Tribunal de Cuentas (TCu) ha encontrado numerosas deficiencias en la gestión que la Ciudad hizo en 2016 del convenio suscrito con la Fundación Gerón por algo más de un millón de euros para financiar 54 plazas residenciales a pensión completa de personas mayores en la Residencia del Monte Hacho, donde los acogidos mayores de 60 años debían poner, además, el 75% de "todos sus ingresos".

En el anexo al convenio, que el pasado mes de septiembre se acodó extinguir para convertir en contrato, se fijó un importe unitario de 53,24 euros por persona y día para cada plaza en 2016 "teniendo en cuenta el número total de residentes, los gastos totales previstos y los ingresos a percibir por la Fundación".

Esa cantidad se concretó sin "otros estudios de mercado  memorias de costes relativos a la actividad subvencionadora en el ejercicio fiscalizado" y el estudio de costes que el Gobierno ha aportado al órgano fiscalizador en fase de alegaciones no corresponde al año 2016 sin al siguiente.

Más aún: no se comprobó a posterior el coste real de cada plaza "al no haberse solicitado al beneficiario dicha información" ni se determinó pr la Ciudad en los estados financieros de las cuentas de Gerón, por lo que "en la práctica, la subvención tuvo el carácter de transferencia para sufragar un porcentaje de los gastos de estructura de la Residencia".

La Ciudad tampoco hizo cruces "para determinar la posible concurrencia de otras ayudas o ingresos destinados a la misma actividad" ni "comprobaciones dirigidas a determnar que el importe de las subvenciones en ningún caso superase, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, el coste de la actividad subvencionada".

En el convenio no se estableció la realización de "visitas, inspecciones o comprobaciones" de la Consejería para constatar que las instalaciones, la dotación de personal y la prestación de servicios respondía a lo financiado. En alegaciones la Ciudad facilitó ocho informes de seguimiento "sobre la situación psicológica de varios residentes, su integración social y su participación en las actividades programadas".

Finalmente "se ha observado que en cada uno de los meses subvencionados quedaron sin cubrir una o dos plazas a pesar de que según el convenio debían abonarse aunque no se encontrasen ocupadas". La Consejería de Adela Nieto ha alegado que se debió a "el cambio de beneficiario y de centro residencial subvencionado en 2016, que dio lugar a un nuevo estudio de todas las personas mayores ingresadas y de las demandas existentes, originándose un descuadre entre las financiadas anteriormente y las nuevas".

La Ciudad también ha argumentado que cada trimestre se reúne con la Dirección Provincial del IMSERSO, por lo que tiene constancia de que los beneficiarios de su subvención "no se encuentran financiados doblemente" por la Administración, aunque no ha aportado "acreditación alguna" de si ha hecho alguna comprobación sobre los usuarios.