Trace planta cara al Gobierno y a los técnicos, que pretenden no pagarle un millón desde junio

Imagen de un camión de Trace.

Responde a la Administración, que la acusa de no haber hecho entre un 20% y un 25% del trabajo, que “no puede detraer importe alguno del precio pactado salvo en los supuestos específicamente indicados y siguiendo los procedimientos adecuados”. Avisa a los funcionarios firmantes de su “posible responsabilidad” si lo avalan en "un contrato de concesión" y "siendo el destino de los fondos en casi su totalidad para el pago a los trabajadores”.

Trace y la Ciudad no quieren, según el consejero de Medio Ambiente, Fernando Ramos, hacerse “daño” pero van camino de ello. El Gobierno de la Ciudad no solo pretende detraer de los pagos a la concesionaria de la limpieza pública unos 250.000 euros de la cuenta de septiembre por no efectuar entre el 20% y el 25% de los servicios.

La empresa supuestamente dejó de hacer una parte de lo contratado (o la Administración empezó o quiso darse cuenta) desde junio, por lo que tanto de la factura de ese mes como de la del siguiente pretende quitarle unos 230.000 euros. Si a las restas se añade agosto, un millón aproximadamente en apenas cuatro meses.

Pero la UTE Makerel-Lirola no se va a quedar de brazos cruzados. Aparte del asesoramiento legal que ya ha pedido al otro lado del Estrecho, ha advertido por escrito al Gobierno de que “la gestión del servicio es en modalidad de concesión y por un precio cierto”. Por lo tanto, a su juicio la Administración “no puede detraer importe alguno del precio pactado salvo en los supuestos específicamente indicados y siguiendo los procedimientos adecuados”.

En concreto reclama que en todo caso se abra un expediente sancionador que sea notificado “a fin de no vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva a la cual tenemos derecho”.

La concesionaria ha alegado que “siempre ha estado a solicitud” de la Ciudad para cumplimentar los partes diarios “en debida forma” y que ha respondido a cualquier requerimiento sin que se recibiese reparo alguno “desde el inicio de la concesión”, hace ya cuatro años y medio.

Trace lanza, además, una alerta expresa a “los técnicos firmantes” en el sentido de la “posible responsabilidad” en la que podrían incurrir “al detraer las mentadas cantidades siendo este un contrato de concesión y siendo el destino de los fondos en casi su totalidad para el pago a los trabajadores”.