Dentro del paquete de servicios de limpieza encomendado por la Ciudad a Tragsa para la segunda mitad de este año por 1,5 millones de euros se incluyen "trabajos verticales" en "taludes, acantilados y zonas de difícil acceso", una misión que comprende "la recogida de distintos tipos de residuos mediante trabajo con personal especializado en este tipo de trabajos en altura".

Dado que no dispone de ese perfil de trabajadores (cinco) en plantilla, la empresa pública ha decidido subcontratar la tarea pero no al precio que facturará a la Ciudad por ella, 127.505,10 euros, sino por un tercio menos, 85.000,38. El Gobierno de Vivas ha renunciado al ahorro que genera la competencia pero no Tragsa.

Un total de cinco empresas de Ceuta y Andalucía han concurrido a la licitación, según ha podido saber Ceutaldia.com en algunos casos con ofertas muy superiores al máximo establecido y en otros “al límite”. Este martes se abrieron los sobres de las propuestas económicas y la próxima semana, previsiblemente, se decidirá si la subcontrata queda desierta o el nombre de su adjudicataria.

Las fuentes consultadas sobre semejante diferencia de importes han hecho hincapié en que Tragsa, “como empresa pública y, sobre todo, medio propio de la Administración que es”, no tiene “ningún afán de maximizar beneficios a costa del erario público, pero también el deber de no entrar en pérdidas”.

A partir de esa premisa, defienden que el margen de distancia existente entre lo que se factura a la Ciudad y lo que se ofrece como máximo a las subcontratas está destinado a “sufragar todos los costes indirectos que Tragsa, como cualquier empresa, debe asumir para mantener los servicios de prevención de riesgos laborales, vigilancia, seguridad, personal, etcétera, necesarios pero no directamente vinculados a esta encomienda”.

De acuerdo con la legislación vigente, Tragsa puede externalizar hasta un 50% del presupuesto de los trabajos que le encomienden las Administraciones. La Ciudad prometió que será en Ceuta. Si debe repercutir o no a quien le contrata ese diferencial es un segundo caballo de batalla.

El Tribunal de Cuentas ha venido recomendando "que se eliminen los márgenes de rentabilidad en las resoluciones aprobatorias de las tarifas aplicables a los medios propios, debiendo éstas contemplar exclusivamente costes reales de producción o realización dado que dichos márgenes de rentabilidad pueden ser considerados como ayuda pública en aquellos medios propios que actúen también en el mercado, suponiendo además un encarecimiento injustificado de las prestaciones que se realicen para la Administración".

A falta de "una regulación de la retribución por la realización de los encargos" estricta, la Cámara de Cuentas de Aragón, por ejemplo, ha estimado que "las retribuciones de la entidad encomendataria deben fijarse por referencia a tarifas aprobadas que deben fijar los costes reales" y que "en el caso de que se produzca una subcontratación, las bajas obtenidas en las licitaciones deberían trasladarse a la entidad encomendante".