MÁS DE 90.000 AL AÑO

El TCu sí ha visto ilegales los pagos a funcionarios por asistir a los Consejos de empresas municipales

El TCu sí ha visto ilegales los pagos a funcionarios por asistir a los Consejos de empresas municipales
La secretaria general de la Asamblea, con Kissy Chandiramani.
La secretaria general de la Asamblea, con Kissy Chandiramani.  

Un informe de la Secretaría General, que en este caso es juez y parte, ha servido al PP para mantener el abono de hasta 7.000 euros al año por empresa pública a los empleados públicos que desempeñan las funciones de secretaría y de intervención en las sesiones de los órganos colegiados del sector periférico, retribuciones que vulneran dos leyes según dictámenes del Tribunal de Cuentas.

El PP ha rechazado una enmienda del PSOE para suprimir el pago de dinero a funcionarios por asistir a los Consejos de Administración de sociedades municipales "en base a un informe de la Secretaría General", que en este caso es juez y parte, que estima que las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad que lo soportan “se ajustan plenamente” a la legislación en vigor y a la jurisprudencia del TSJA, que en realidad nunca se ha pronunciado sobre el fondo del asunto.

El dictamen recuerda que en años anteriores fue UGT la que solicitó la nulidad del apartado, siendo el Pleno, “previa tramitación del correspondiente procedimiento y de acuerdo con el Consejo de Estado” el que desestimó (“no procede declarar la nulidad de pleno derecho", dijo) la petición formulada por la Federación de Servicios Públicos de los ugetistas, que no recurrieron en vía administrativa judicial. Además, la Secretaría General destaca que en sus tres últimos informes de fiscalización sobre la Administración local el Tribunal de Cuentas no ha formulado “ninguna salvedad ni recomendación" al respecto.

No sobre los tres ejercicios fiscalizados más recientes pero sí antes. Literalmente, la Ciudad aboga "por la concurrencia efectiva a las reuniones que celebren los consejos de administración de las sociedades mercantiles pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Ceuta: Acemsa, Amgevicesa, Emvicesa, Obimace, Obimasa, Procesa, RTVCE, Servicios Turísticos, Parque Marítimo, Puerta de África (y el Consorcio Rector del Centro Universitario UNED) hasta 7.000 euros brutos al año.

Esa cantidad es acumulable, según fuentes sindicales, pues el límite se establece para cada sociedad, y "cuando se alcanza pasa a ser otro funcionario el que cumple con esas asistencias". El conjunto del sector público local ha llegado a pagar más de 90.000 euros al año por este concepto.

Y al Tribunal de Cuentas no le parece correcto. "En la fiscalización [de 2007] se ha constatado que la mayor parte de las sociedades continúan retribuyendo a determinados funcionarios de la plantilla de la Administración Autonómica en contraprestación de la realización de determinados servicios de intervención, secretaría del Consejo de Administración y asesoramiento en materias económico-financieras, contables y laborales", refirió en el informe publicado hace cuatro años.

A ojos del órgano fiscalizar "la percepción de estas retribuciones contraviene lo dispuesto en el artículo 153 del Texto Refundido de Régimen Local y en la Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.