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El Tribunal de Cuentas suspende a la Ciudad en transparencia

El Tribunal de Cuentas suspende a la Ciudad en transparencia
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Imagen de recurso.

Seis años después de la aprobación de la Ley 19/2013, la Ciudad Autónoma todavía no aprueba la asignatura de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El Tribunal de Cuentas ha remitido esta semana al Senado su 'Informe de Fiscalización de la Contratación de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas sin órgano de control externo propio. Ejercicios 2016 y 2017', y el retrato de Ceuta es paupérrimo.

"A diferencia del resto de Autonomías", lamenta el órgano fiscalizador, "no consta el desarrollo de la ley". "Su página web", dice de la Ciudad, "no cumple las normas sobre transparencia en lo relativo a la información institucional, económica, presupuestaria y de contratación".

Por lo que se refiere a esta última, "el portal contiene una remisión general al portal de contratación omitiendo la información específica sobre contratación y careciendo de la información estadística sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público".

Por si fuera poco, "no se expone una relación de convenios con diversa información sobre cada uno de ellos en los términos exigidos en la ley, sino una referencia a los suscritos sin referencia alguna a la información que se indica en la Ley 19/2013, parra cuya obtención deben hacerse diversas operaciones informáticas".

Respecto al resto de entes de la Administración local, "su cumplimiento también presenta deficiencias", ya que "analizadas sus diferentes páginas web se aprecia que ninguno de ellos cumple las obligaciones de información impuestas por la Ley de Transparencia".

Los sociedades municipales Puerta de África y Obimace ni siquiera tienen página web. El Instituto de Idiomas, el ICD, la Fundación Premio Convivencia y el Patronato de Música carecen, según el Tribunal de Cuentas, de instrucciones de contratación publicadas; y el IEC, el Parque Marítimo y Servicios Turísticos ni siquiera disponen de perfil del contratante.

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