“Se cachondean de la Justicia y de los contribuyentes”, lamentan fuentes de los servicios jurídicos UGT después de conocer cómo planea el Gobierno reestructurarse tras la sentencia del Tribunal Supremo, a instancias del sindicato, que le obliga a disolver siete viceconsejerías al no ser viceconsejeros electos. 

La intención del Ejecutivo de Vivas, tal y como explicó este viernes el portavoz del Gobierno, Alberto Gaitán, pasa por nombrar “asesores delegados” a cuatro de los viceconsejeros, aun por definir, y directores generales a Alejandro Ramírez y Alfonso Conejo en Economía y Turismo y Medio Ambiente respectivamente. Nombramientos cuya impugnación ya preparan en UGT en el a la espera de que sean oficiales con su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE).

“Nos parece algo inaudito que ahora mismo en Ceuta nos hayamos colocado con 19 directores generales”, se indigna Antonio Ramírez, de FSP-UGT den la Ciudad, “y con respecto a los asesores tenemos que verlo con más detenimiento, no nos nos vamos a precipitar en el calificativo”, frena, a la espera de ver que significa eso de “asesores delegados”. “Eso no está nada claro y tiene que salir a exposición pública pero nos tememos que lo único que significa eso de ‘asesor delegado’ es unos miles de euros más”, ironiza. Con los directores “el tema está más claro: demanda”.

Para el Gobierno, el caso de la viceconsejera de Empleo, Adelaida Álvarez, que hace ya seis años y tras muchos recursos y apelaciones desencadenó la reciente sentencia del Supremo está ya resuelto: es de 2013, fue ya cesada hace tiempo y desde entonces la Asamblea, amparada por el Estatuto de Autonomía, se ha dotado de nuevos reglamentos que ahora sí lo permiten, alegaba en resumen, el portavoz del Ejecutivo explicando la nueva reestructuración del Gobierno, con dos nuevos directores generales.

Dos nuevos altos cargos que se ponen en la fila de demandas previstas por UGT que abre un nuevo capítulo en esta larga pelea judicial en la que, de momento, el Gobierno ha perdido todos los asaltos. Mientras, el Gobierno puentea las sentencias con nuevas denominaciones, ganando tiempo durante el siempre largo proceso judicial. “Es lo que hacen siempre”, lamentan desde el sindicato.