TRAS MÁS DE UN AÑO EN PRISIÓN

Antonio López piensa ya en su libertad bajo fianza lejos de Ceuta hasta el juicio

Antonio López piensa ya en su libertad bajo fianza lejos de Ceuta hasta el juicio
Imagen de archivo de la detención de Antonio Lopez, el 14 d efebrero de 2017.
Imagen de archivo de la detención de Antonio Lopez, el 14 d efebrero de 2017.  

El que fuera viceconsejero del Gobierno de Ceuta y gerente de Emvicesa, Antonio López, descuenta cada minuto en su celda de Puerto Santa María en la espera de su puesta en libertad bajo fianza, una resolución que da por hecha su defensa pero que espera desde hace días. Una espera que empieza a hacerse inexplicablemente larga a juicio de su abogado, José María Calero, tras más de un año en prisión preventiva.


Los avales hipotecarios por casi 300.000 euros, más los casi 15.000 euros extra depositados para completar la fianza de 150.000 euros –pues ha de ser el doble de lo exigido al avalarse con bienes inmuebles- están sobre la mesa de la juez instructora del caso Emvicesa desde hace días y el abogado de Antonio López, José María Calero, entiende que debería haberse resuelto ya hace tiempo y su cliente en libertad condicional a la espera del juicio.

Una libertad bajo fianza que no piensa disfrutar en Ceuta, alejándose lo más posible de una más que probable condena social paralela, aunque el auto del Juzgado de Instrucción número Tres condiciona la puesta en libertad a la obligación “apud acta” de comparecer todos los lunes, miércoles y viernes, antes de las 12:00 horas en el órgano judicial que conozca de la causa, y retirada del pasaporte. Calero explica en conversación telefónica con Ceuta al Día que, como en cualquier otro caso de simales circunstancias, el acusado puede solicitar el traslado de su caso a otro juzgado y no está en la obligación de vivir en Ceuta. Una supuesta condena social que pese a todo el letrado de López pone a remojo, a la espera de ver sobre quien recae al finalizar el juicio.

Unas condiciones de las que debería estar disfrutando ya López, a juicio de su abogado defensor que viene recurriendo los autos de la juez instructora, Raquel Luccini, alegando principalmente que ya ha pasado más de un año desde que el recurrente ingresó en prisión, en febrero de 2017, “y ni la evolución de las diligencias de instrucción, ni las razones para rechazar la fianza carcelaria ofrecida son suficientes para justificar la prolongación de la más grave medida cautelar personal”. Unas diligencias que, rebatía el auto de Luccini, “de ninguna manera han conseguido hacer desaparecer la lógica apreciación de la juez “a quo” sobre la existencia de indicios racionales suficientes y necesarios para mantener vivas las diligencias y sostener una medida cautelar tan gravosa como la prisión preventiva cuya modificación se pretende”.