Dos ceutíes, investigados por cohecho tras declarar que pagaron por ser adjudicatarios de varias VPO


Dos ceutíes, investigados por cohecho tras declarar que pagaron por ser adjudicatarios de varias VPO

 

- Ambos han confesado que abonaron 5.000 por vivienda para conseguir una y tres casas, respectivamente, en la promoción de Loma Colmenar

- El Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad autónoma ya archivó el año pasado diligencias relacionadas con supuestos pagos para conseguir casas de promoción pública

Las diligencias judiciales que desde el verano pasado instruye el Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad autónoma ya cuentan con al menos dos investigados al margen del ex viceconsejero Antonio López. Dos personas están imputadas por un presunto delito de cohecho tras haber declarado que abonaron un total de 20.000 euros para hacerse con cuatro Viviendas de Protección Oficial (VPO) en la promoción de Loma Colmenar, con una en un caso y con tres en otro a razón de 5.000 euros por casa, según fuentes cercanas a la investigación.

Ambos están investigados (la nueva terminología que utiliza la Ley de Enjuiciamiento Criminal para lo que antes se conocía como ‘imputados’) por un presunto delito de cohecho tras confesar en sede judicial que desembolsaron esas cantidades a dos supuestos intermediarios distintos para contar con garantías de hacerse con la adjudicación de viviendas en la controvertida promoción, cuya situación llevó a los Juzgados el Gobierno de Ceuta después de que en junio del año pasado se publicase una ‘lista fantasma’ de presuntos beneficiarios.

El artículo 424 del Código Penal establece que el particular que “ofreciere o entregare dádiva o retribución de cualquier otra clase a una autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo o un acto propio de su cargo, para que no realice o retrase el que debiera practicar, o en consideración a su cargo o función”, será castigado en sus respectivos casos con las mismas penas de prisión y multa que la autoridad, funcionario o persona corrompida, que en los supuestos más graves van de tres a seis años de prisión con multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a doce años.

La Policía Nacional ha abierto como mínimo dos investigaciones en torno a la adjudicación de viviendas de promoción pública, una tras la publicación del listado 'fantasma'. De más atrás venía otra que incluyó la detención y puesta a disposición judicial de al menos una persona por su presunta relación con las exigencias de cantidades de dinero que oscilaban entre los 8.000 y los 10.000 euros para la supuesta adjudicación de VPO. Además la Policía tenía identificadas a seis personas más relacionadas con esta presunta trama. Estas diligencias fueron archivadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad a finales del año pasado.

La juez responsable de la investigación de todas las derivadas relacionadas con la promoción de Loma Colmenar mantiene desde octubre bajo secreto de sumario esas diligencias, en las que Antonio López declaró como investigado y una docena de políticos del Gobierno y de la oposición y trabajadores de EMVICESA en calidad de testigos.